Parece que el director del INTRANT, Hugo Beras, tiene un concepto de la transparencia en la administración pública muy diferente a la que norma las acciones y decisiones de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP).

El funcionario insiste en que el proceso de licitación para la mejoría del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo, cuyo contrato fue anulado por la DGCP tras alegadamente haber encontrado indicios de irregularidades, fue hecho con absoluta transparencia y cumpliendo con lo que establece la Ley 340-06.

Puede leer: Otro gran desafío

Beras insistió en que el único interés del INTRANT al iniciar el proceso de licitación ha sido modernizar y optimizar el tránsito y la movilidad en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, que todos debemos estar de acuerdo en que se necesita con urgencia para eliminar el caos imperante, actuando apegado a la transparencia y el uso eficiente de los fondos públicos.

Y no hay porqué dudar de su integridad personal ni de las buenas intenciones que lo animan, pero a la luz de lo que ha conocido la opinión pública hay que decir que en esa licitación hay irregularidades imposibles de justificar y defender. Y para muestra, un solo ejemplo que da mucho que pensar.

¿Cómo justificar que el propietario de la empresa que ganó la asignación de un contrato por más de 1,300 millones de pesos es un exempleado del INTRANT, que la constituyó con un capital de un millón de pesos? ¿Cómo explicar que su salida de la institución, en julio del 2022, coincide con su constitución?

En un comunicado el director del INTRANT señaló que talvez la Dirección de Compras y Contrataciones pudo haber sido sorprendida en su buena fe, pero los hechos indican que quien ha sido sorprendido, y sin ningún talvez, ha sido el funcionario, a quien alguien debe aconsejarle que no insista en el error de tratar de defender lo indefendible porque solo está provocando más ruido del que le conviene a él y a su gobierno.