Hoy 
La sociedad dominicana permanece desde hace casi dos años en la condición de espectadora de voluminosos y sorprendentes encausamientos por delitos contra el Estado atribuidos a funcionarios y relacionados del anterior Gobierno. Una cruzada del ahora independiente y tenaz Ministerio Público de la que solo puede esperarse que propicie para cada asunto la calidad de lo irrevocablemente juzgado en pleno respeto a la presunción de inocencia hasta la culminación de procesos.
Así parece reconocerlo, con ecuanimidad y sin enfilar cañones como otras veces contra quienes formulan cargos, el propio partido que regía para entonces (PLD) que insiste en desvincularse de lo que puedan haber hecho individualmente los prevenidos al tiempo de reclamar que se imparta justicia, lo que conscientemente demanda la opinión pública.
Que ningún incriminado, de la órbita peledeísta o sin pertenecer a ella, resulte condenado sin haberse establecida fuera de toda duda su culpabilidad.
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Sería también motivo de frustración y de histórico fracaso que por la causa que fuere el sistema judicial no llegara a estar a la altura que demanda este nuevo tiempo por violación al debido proceso, expedientes mal formulados o por improbidades apartadas de la honorabilidad de la mayoría de los jueces y fiscales.
Debe sentarse, con transparencia y en un tiempo razonable, el precedente definitivo de no dejar escapar sin castigo, como podía suceder antes, actos demostrablemente corruptos.
