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BUENOS AIRES. El gobierno desestimó hoy la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández, cuyo contenido completo se dio a conocer, al señalar que el investigador pecó de ingenuidad al fundamentar su acusación en datos falsos.
El secretario general de la presidencia, Aníbal Fernández, calificó de “endebles” y “sin asidero” las acusaciones de Nisman contra la presidenta por ser la supuesta ideóloga de un plan para garantizar la impunidad de los sospechosos iraníes del atentado a un centro judío en Buenos Aires en 1994.
El funcionario fue abordado por periodistas cuando se dirigía a la casa de gobierno.
El cuerpo del fiscal Alberto Nisman estaba en el interior del baño
Nisman fue hallado muerto en la madrugada del lunes, pocas horas antes presentarse en el Congreso para dar explicaciones y aportar más datos sobre la denuncia que presentó en un juzgado el 14 de enero contra la mandataria, el canciller Héctor Timerman y otros allegados al gobierno.
El contenido completo de la acusación, que el fiscal había dado a conocer a medios de prensa, fue difundido el martes por la noche por el Centro de Información Judicial.
La justicia investiga si la muerte del fiscal a cargo del ataque a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), el peor atentado ocurrido en suelo argentino que causó 85 muertos, fue un asesinato, un suicidio voluntario o un suicidio inducido.
El funcionario afirmó que los supuestos espías que Nisman denunció como partícipes del plan para desvincular a los sospechosos iraníes del atentado “no son ni fueron agentes de inteligencia”.
La víspera el gobierno había señalado que esas dos personas, identificadas como Ramón Allan Héctor Bogado y Héctor Yrimia, no son ni fueron “personal de planta permanente” ni “personal transitorio” en la Secretaría de Inteligencia (SI).
Según Nisman “las pruebas revelan la intervención activa en el plan encubridor de varios sujetos con distintos grados de participación y responsabilidad… un individuo identificado como `Allan’, que responde a la Secretaría de Inteligencia de Presidencia de la Nación y según lo sugieren los indicios obtenidos, se trataría de Ramón Allan Héctor Bogado”.
El fiscal le atribuye a Bogado, junto con otros de los acusados, “la desviación de la investigación hacia una nueva y falsa hipótesis que incrimine a terceros inocentes pero desincrimine a los iraníes”.
Pero para Fernández, Nisman, hallado muerto en su departamento con un tiro en la cabeza, creyó en una Secretaría de Inteligencia paralela inexistente. Cuando un periodista le consultó si consideraba que el fiscal había actuado en “un estado de ingenuidad”, el funcionario respondió: “Usted lo dijo mejor que yo”. El secretario indicó que los supuestos partícipes en el encubrimiento del atentado eran “vendedores de influencias, chantas (estafadores) que venden un cuento para cobrar”.
Hubo protestas en Argentina tras la muerte de Nisman
El funcionario afirmó además que Antonio “Jaime” Stiusso, histórico director de operaciones de los servicios secretos y de fluida relación con Nisman, “fue el que le vendió (al fiscal)” esas ideas. Stiusso fue removido del cargo por el gobierno en diciembre de 2014.
El fiscal le atribuye a Bogado y a otros de los acusados, “la desviación de la investigación hacia una nueva y falsa hipótesis que incrimine a terceros inocentes pero desincrimine a los iraníes”.
En su denuncia, Nisman presentó intervenciones telefónicas en las que aparecería la voz de Bogado participando de una supuesta confabulación del gobierno argentino con el de Irán para proteger a ex funcionarios de ese país que están acusados del ataque a la mutual judía. Sobre cinco de los ocho acusados pesan notificaciones rojas de Interpol.
También aparecen supuestamente las voces del dirigente social y ex funcionario gubernamental Luis D’Elía, la del referente comunitario iraní Jorge “Yussuf” Khalil y la de Moshen Rabanni, quien era agregado cultural en la embajada de Irán en Buenos Aires al momento del atentado y sobre el que pesa una orden de captura internacional.
