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Ante la barbarie, tortura y muerte de parte de Carmen Jiménez y su pareja sentimental González Valentín Rojas, contra un niño de ocho años en Verón, Punta Cana, hecho que ha conmocionado a la sociedad dominicana, ciudadanos cuestionaron la posible condena ejemplificadora en contra de los confesos agresores, basado en que el Código Penal no contempla la pena de muerte en la República Dominicana.
En ese sentido, algunos manifestaron que el castigo debería ir en consonancia con la gravedad del crimen cometido. Sin embargo, el experto en materia penal, Bunel Ramírez, detalló, basado en la tipificación jurídica, a qué se enfrentaría la mujer y el hombre a quienes el Ministerio Público sindican de ultimar al menor.
«Treinta años. Hubo múltiples puñaladas, fue contra un niño… En definitiva, 30 años es lo que le corresponde», aseguró el penalista.
«El asesinato supone una premeditación. El hecho de darle tantas puñaladas es evidente que hubo un designio, querer hacer y reiterar esa intención criminal. La agravante: hubo un niño y usaron armas. O sea, esa gente tienen 30 años asegurados», añadió.
En el caso Valentín Rojas, pareja de la mujer, el abogado indicó que, como la Fiscalía no ha dicho cuál es la participación específica del imputado en el caso, sino que sólo es mencionado por ayudar a llevar al niño al hospital luego de ser torturado, hay que esperar a ver cómo se desarrollan los hechos y que sale a relucir en los tribunales contra el individuo.
«La Fiscalía lo que hace es que no lo descarta como un coautor o cómplice, sino que la investigación determinará si participó o no. Es muy temprano para descartarlo», dijo.
Contra ambos imputados fue impuesta una medida de coerción consistente en 18 meses de prisión preventiva, y el tribunal declaró el caso como complejo.
En su acusación provisional, el Ministerio Público responsabiliza a los imputados de violar los artículos 59, 60, 295, 296, 297, 303-4 numerales 1 y 2, 330, 331 del Código Penal Dominicano; 396 literal A de la Ley 136-03 Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, 83 y 86 de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, en perjuicio de la víctima y sus familiares.
