Lo social, post covid 19. El factor social y la intención de cerrar la brecha de la desigualdad, representan las tareas pendientes y desafío del modelo democrático. Aunque el fantasma autoritario no termina de cerrar su ciclo, en la región el factor de exclusión de amplios núcleos ciudadanos llegó para sustituir toda la retórica ideológica que por años acompañó el discurso del liderazgo político. Inclusive, la raíz de triunfos electorales ajenos a los tradicionales aparatos partidarios guarda una relación de respuesta pura y simple ante la insatisfacción.

Las consecuencias en las finanzas públicas del COVID 19 tiene un efecto terrible en la calidad de vida de la gente. Una crisis de naturaleza sanitaria transformada en económica termina profundizando los niveles de pobreza. Por eso, los indicadores respecto de la inflación obligan al diseño de políticas pública incluyentes y en capacidad de compensar a las franjas depauperadas. El verdadero desafío de los gobiernos consiste en tratar de mostrar un mayor rostro social destinando recursos en áreas específicas que, redujeron sus ingresos sustancialmente o destruyeron su patrimonio, porque salieron del ritmo productivo.

Todo el pliego de medidas que, en el orden sanitario, provocan un retorno a la normalidad reflejan innegables avances. Ahora bien, más allá del dolor por las vidas perdidas, un ejército de ciudadanos destinados a sobrevivir dentro del mercado de la informalidad no tienen garantías de una mejoría sustancial de su nivel de vida en lo inmediato, y no es un secreto, que la lógica de las carencias estimulan un mayor nivel impugnación frente a los gobiernos.

Las tareas de explicación y/o las políticas de comunicación destinadas a generar un mayor entendimiento de la realidad no resultan efectivas porque los dos años de impacto del covid 19 se traducen en desesperanza para muchos.

En el caso específico del Gobierno dominicano, la tarea de destinar mayores recursos al sector social tiene un doble sentido: su responsabilidad con los pobres y el clásico aprovechamiento de sectores desplazados del poder con una agenda claramente definida de dinamitar las simpatías alcanzadas en la pasada contienda electoral.

Respecto de lo último, constituye una táctica capaz de posibilitar la postergación de aspiraciones cívicas asociadas al interés de combatir la corrupción.

Y es muy simple, las urgencias y disminución del poder adquisitivo facilitan subirle el timbre al reclamo en todo el territorio nacional, escudándose en demandas de los servicios básicos y urgencias esenciales en las comunidades.

Lo humanamente entendible reside en lo que caracteriza a los sectores populares.