En estos días se está tratando de activar la Ley de Partidos Políticos, finalmente, y éso está muy bien. Luego de más de 15 años de iniciarse su elaboración durante el período de 1996-2000, y de terminarse en el 2004 bajo mi dirección y que se encargara a la Dra. Licelotte Marte de Barrios en su condición de diputada y representante del PRSC en la Comisión redactora, que lo presentara en la Cámara de Diputados.
El proyecto ha venido dando tumbos por falta de voluntad política del Partido de gobierno, pero como ha declarado el magistrado Eddy Olivares, la verdadera prioridad debe ser la aprobación de la Ley Orgánica Electoral, (o un Código que incluya a todo el sistema), porque la actual es totalmente obsoleta después del 2010, que estableció entre otros preceptos un Tribunal Superior Electoral, diferente del que existía en la JCE.
Extrañamente, hasta el presente la necesidad de reforma de la Ley Electoral había sido ignorada tanto por la JCE como por el PLD, el PRSC y las instituciones y medios de comunicación a su servicio. De repente ahora se menciona porque la actual es inconstitucional.
Es la Ley Electoral la que debe establecer reglas de juego democráticas y transparentes para poder elegir a los integrantes del Estado a todos los niveles, lo que incluye la autonomía real de las juntas electorales de los municipios, las garantías para los diferentes partidos, una fiscalía electoral independiente por acuerdo entre las partes, los recursos disponibles para la adecuada educación electoral, la posibilidad de que se cuenten los votos físicamente cuando los resultados no sean concordantes, la prohibición de que el Presidente de la JCE resuelva administrativamente la composición de los colegios electorales e impedir que los delegados políticos y técnicos observen libremente los conteos y selección de resultados de los boletines electorales, así como un sin número de disposiciones arbitrarias que puede tomar quien presida la JCE.
El proceso electoral es sagrado para la democracia y un sistema de partidos.
Parece mentira que estando en Haití con graves déficits institucionales que lastran su desarrollo, allá se haya priorizado una Ley Electoral libre de sospechas. Ojalá que el PLD se dé cuenta de que el país, saturado por los vicios inherentes al régimen en que vivimos, encuentre las fuerzas para irrespetar de una vez por todas las instituciones democráticas y no solo apruebe al PLD, sino lo que garantiza a la paz y la justicia en nuestro país.