Hoy 
La extracción de codiciados metales contenidos en suelos y subsuelos dominicanos conlleva riesgos bien conocidos que podrían llegar a lo irreparable para la permanencia de recursos naturales y sanidad ambiental, actividad que no debe escapar a claros y firmes límites y a insoslayables compromisos de remediación paso a paso.
No debería pretenderse mostrarla como fundamentalmente legítima, segura y favorable al país poniendo más énfasis de la cuenta en una costosa promoción para crearle a la minería una imagen artificialmente positiva.
Explotaciones que deben derivar sus mayores frutos económicos y tecnológicos hacia la colectividad nacional y regiones sometidas a demolición sin generar contaminación ni degradar ríos y montañas hondamente.
Es deber de las autoridade recurrir a medios científicos propios para sustentar reglas, flexibilizarlas o endurecerlas para protección de la naturaleza según proceda y estar abiertas a los criterios que mueven cruzadas de la humanidad por la preservación del planeta amenazado más que antes por el cambio climático.
Tarde o temprano los yacimientos se agotan haciendo nacer en las firmas privadas que extraen metales el interés de extenderse hacia territorios vecinos con multiplicación de cráteres y de emisiones residuales críticas.
Nada que vaya más allá de una relación equilibrada con la biodiversidad podría permitirse en este único asiento patrio de 48 mil kilómetros cuadrados.
La integridad de los recursos no renovables no debe peligrar
El país acumula un alto pasivo ambiental que procede revertir
Se reconoce que es posible extraer minerales sin daños mayores
