Al inicio de los años 90 emprendimos el Plan Decenal de Educación 1993-2003, cuyos objetivos y metas inspiraron la planificación y ejecución de importantes proyectos y programas de reforma del Sistema Dominicano de Instrucción Pública. En esa ocasión, maestros, directores de escuelas, rectores de universidades, organizaciones empresariales y sindicales, colectivos de profesionales, personalidades, etc., nos manifestamos puntual o extensamente a lo largo de todo ese interregno.

Han transcurrido más de dos décadas desde entonces y un amplio espectro de transformaciones relevantes se han producido en el entorno nacional e internacional y en el contexto productivo, tecnológico y cultural, lo que aconseja, no sólo necesaria y oportuna, sino también inaplazable otra reforma de la educación.

Si esos argumentos no fueran de por sí suficientes, numerosas razones abundarían en favor de emprenderla. Veamos. El artículo 63 de la Constitución de la República expresa que toda persona tiene el derecho a una educación integral, de calidad, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones; especifica que la educación pública es gratuita a tiempo en que la declara obligatoria en los niveles inicial, básico y medio; reconoce el ejercicio de la carrera docente; el financiamiento creciente y sostenido de las universidades públicas; y el principio de la autonomía y de la libertad de cátedra.

Una reforma de la educación ha de implementarse progresivamente a lo largo de un calendario sostenido. Requiere de recursos económicos y de la participación activa, motivada y reflexiva de los actores principales del proceso de enseñanza. Sus objetivos tardan años en alcanzarse.

El carácter estratégico de toda reforma exige que sus planteamientos sean discutidos y aceptados por el conjunto de la sociedad, tal y como ocurrió aquí en las mesas de discusiones y concreción del Pacto Nacional por la Reforma Educativa. En esa ocasión, el Consejo Económico Social (CES) propició un amplio debate con el fin de que los resultados del mismo sirvieran de punto de partida y guía de referencia de las acciones a tomar.

Al cumplirse dos años de su mandato, ¿Cuál ha sido el desempeño en materia de instrucción pública del gobierno del presidente Danilo Medina? A nuestro humilde entender, el desempeño de esta administración de gobierno en esa materia ha estado a la altura de las circunstancias.

Gracias a la inversión de un 4% del PBI en educación hemos podido ir sentando la base para que, a corto o mediano plazo, una profunda reforma de la enseñanza pueda tener lugar.

Creemos que si no nos apartamos de la ruta trazada, de aquí a unos cuantos años la República Dominicana figurará entre los contados países de la América española que disponen de excelentes escuelas, politécnicos y universidades públicas.

¿Cuáles acciones de reforma se están llevando a cabo en el Ministerio de Educación que hacen que nos mostremos tan optimistas? La tanda extendida; el programa de construcción y equipamientos de aulas; la campaña de alfabetización; la revisión curricular, y el importantísimo proyecto de formación y capacitación de maestros. Todo ello, sin dejar de reconocer que la calidad de la educación no depende sólo de “cuántos saben y cómo se desempeñan los educadores.”

La calidad de la educación es, en gran medida, una consecuencia y a la vez causa del nivel de vida de la comunidad. Las posibilidades de mejora o de deterioro de ésta se relacionan directamente con los avances o retrocesos que se producen en el entorno social.