Por Christopher B. Anderson

La persecución por razones políticas es una práctica común en los regímenes menos democráticos. En América Latina, esa situación caracteriza sobre todo a Cuba, Nicaragua y Venezuela, cuyos gobiernos son actualmente considerados autocracias por los principales índices de medición de la democracia.

Es también el caso de Bolivia, que a pesar de ser considerada todavía como un régimen híbrido registra una pronunciada deriva hacia la autocracia a lo largo de los últimos años. Cuando aún faltan dos meses para cerrar el 2024, la dinámica experimentada hasta ahora es extremadamente preocupante.

Un dramático repunte

Venezuela encabeza ahora la lista de países con mayor número de presos políticos en el hemisferio occidental. El repunte ha sido abrupto y exponencial. De acuerdo con las cifras ofrecidas por el Foro Penal, el 2023 cerró con algo más de 250 personas detenidas por razones políticas. Esa cifra se fue incrementando paulatinamente durante la campaña electoral de 2024. Para el 28 de julio, el día de las elecciones presidenciales, la cifra rondaba en los 300 prisioneros políticos. Por lo general, las nuevas detenciones se concentraron en miembros de los comandos de campaña de la oposición en todo el país.

Pero si la situación ya era preocupante, la jornada electoral se convirtió en un punto de inflexión particularmente negativo. La discordancia entre los resultados electorales emitidos por el Consejo Nacional Electoral y los que divulgó la oposición generó un gran revuelo en la población. El organismo estatal no publicó el desglose de los resultados por cada mesa. Por su parte, los opositores lograron recabar, escanear y publicar en un sitio web cerca del 84% de las actas oficiales impresas por las máquinas de votación. Las protestas populares que estallaron durante los días siguientes fueron rápidamente reprimidas por los organismos de seguridad del Estado venezolano. Desde entonces, han detenido a cientos de activistas y manifestantes hasta llegar a 1916 personas.

Cuba y Bolivia

Para finales de noviembre de 2023, y de acuerdo con la organización Prisoners Defenders, el régimen castrista era el que mantenía en prisión a una mayor cantidad de presos políticos en el hemisferio occidental. Para aquel momento, 1.062 personas se encontraban privadas de libertad por razones de orden político. Entre la cantidad de cargos que se les imputó, destacan aquellos que le adjudican a los reos la tendencia a cometer futuros delitos. El Artículo 72 del Código Penal vigente hasta diciembre de 2022 señala que se debió a “la conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista”.

Diez meses después, la situación se mantiene casi igual. Según la misma fuente, la cifra de presos políticos para el 16 de septiembre ascendía a 1.105. Con 31 encarcelaciones, el mes de marzo del presente año fue el que registró un mayor número de nuevos detenidos. 62 del total de presos políticos padecen trastornos de salud mental. Es una situación que lógicamente los hace mucho más vulnerables a las torturas y carencias de alimentación y atención médica a las que son sometidos los detenidos por razones políticas en la isla.

En Bolivia, la lista de presos políticos tampoco ha experimentado grandes cambios a lo largo del 2024, luego de que aumentara sensiblemente durante 2023. El número de personas que permanecen encarceladas por motivos políticos es notablemente alto para tratarse de un país al que no se suele considerar todavía como una autocracia. Según la Global Human Rights League, para el 31 de octubre de 2023 el número de reos por razones políticas ascendía a 279, incluyendo a la expresidenta Jeanine Áñez, que recibió una condena de 10 años y ya lleva tres en prisión. Para octubre de 2024, el número total se mantiene en 269.

Expatriados en Nicaragua

En el caso de Nicaragua, la lista de presos políticos ha experimentado dos abruptos descensos durante los últimos dos años. Básicamente, como consecuencia de dos oleadas de expatriaciones. La primera tuvo lugar en febrero de 2023, cuando unos 222 presos políticos fueron excarcelados y deportados a los Estados Unidos. La segunda sucedió hace pocas semanas, en septiembre de 2024, al expulsar a otras 135 personas hacia Guatemala.

Los expatriados nicaragüenses suelen ser despojados de su nacionalidad, mientras que sus bienes en el país a menudo son expropiados. Muchos de los expulsados han sido recibidos en España, país que les ha otorgado la nacionalidad. Según la lista mensual del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, se constata que tras estas dos grandes oleadas de expatriados, a finales de octubre de 2023 había en Nicaragua unos 91 presos políticos. Mientras que, para julio de 2024, la cifra total actualizada quedó reducida a 45, de los cuales 37 son hombres y 8 son mujeres.

Patrones preocupantes

Los datos aquí enunciados permiten concluir que la evolución de la situación de los presos políticos en América Latina durante el 2024 es sumamente grave. El brutal aumento de la cifra de prisioneros por razones políticas se debe, sobre todo, al repunte de la represión en Venezuela. Sin embargo, la falta de mejorías en Bolivia y Cuba, así como los patrones registrados en Nicaragua, no permiten hablar de ninguna verdadera mejoría.

En general, se observa que los repuntes más pronunciados en el número de presos políticos suelen producirse tras ciclos de protestas particularmente concurridas (Venezuela 2017; Nicaragua 2018; Bolivia 2020; Cuba 2021). También, tras episodios electorales muy controvertidos (Bolivia 2019; Venezuela 2024). En otras palabras, la represión es empleada de forma masiva en estos cuatro países cada vez que la ciudadanía se expresa masivamente contra estos regímenes autocráticos.

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