Convertida en el mal recuerdo de una amenaza terrible que, por obra y gracia de la capacidad de rectificación del presidente Luis Abinader, ya no podrá hacernos daño, es hora de preguntarse –aunque no lleguemos a saber nunca la respuesta– qué pasó con un proyecto al que el Gobierno y sus técnicos lo apostaron todo, que parecía estar bien amarrado y consensuado, y que según la opinión de economistas que merecen crédito tenía muchas cosas positivas, lo que quiere decir que eran rescatables para un nuevo intento.
Por eso se queda corta la explicación ofrecida por el vocero de la Presidencia, Homero Figueroa, de que las propuestas contenidas en la Ley de Modernización Fiscal enviada al Congreso “no fueron valoradas por la población”. Y es que la población, que ignoraba el gato que había en ese macuto hasta que su contenido empezó a conocerse en los medios de comunicación, sí las valoró, pero lo hizo de manera negativa, como era de esperarse tratándose de mas impuestos, y reaccionó en consecuencia.
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Había que preparar previamente a la población, condicionarla con la presentación de estudios o con la forma en que se garantizaría que el dinero recaudado sería bien gastado, pero el gobierno parece que no creyó tener tiempo para ese proceso de socialización y búsqueda de consenso o simplemente pensó que no hacía falta, un costoso error de cálculo que finalmente obligó al presidente Abinader a retirarlo del Congreso.
¿Cómo no iba a chocar con la comprensión de la población, como señaló el vocero presidencial, si se hizo todo al revés? Hay que confiar en que la lección haya sido bien aprendida y que el doloroso propezón ayudará, pero el mandatario fue tajante cuando declaró que no habrá otro proyecto de reforma fiscal, y que su gobierno se concentrará en hacer “los ajustes de lugar” para terminar las obras inconclusas. Esperemos que esos “ajustes”, que nadie sabe en qué consisten ni a quiénes ajustará, no lo desajusten demasiado y terminemos pagando las consecuencias.