Ahora los diputados están pidiendo por Resolución a la Junta Central Electoral que no se aplique el mandato constitucional que distribuye a los diputados por provincias según su población. Veamos lo que eso significa:

1. El artículo 81 acápite 1) de la Constitución, dice taxativamente cómo deben distribuirse los diputados en la República.

2. En mayo del 2010, fecha del último Censo Nacional de Población, sus resultados no pudieron utilizarse a tiempo para la redistribución de los diputados en ese año electoral, aunque éste reflejaba ya la irracional concentración de la riqueza y otros recursos en torno a la capital, debido sobre todo a las políticas populistas y centralizadas del gobierno nacional.

3. Eso es un mandato constitucional y todo el que la conoce y sabe contar, ha estado en condiciones de saber esa nueva realidad desde 2010, que yo había comentado antes por esta columna.

4. La JCE no puede bajo ningún concepto modificar ese mandato constitucional dejando con un déficit de representación a los habitantes de la provincia Santo Domingo y La Altagracia.

5. Si como corresponde se levanta un nuevo censo en el 2020, esa concentración de habitantes en la zona metropolitana se reflejará mucho más aún, lo que supone la superpoblación y arrabalización progresiva de ésta.

6. La enfermedad no está en la sábana, como dice el refrán. Eso no es más que un signo de políticas perversas en el orden territorial, que condenan al abandono a las provincias del interior, y en particular a las cercanas a nuestra frontera con Haití, que carecen de todo. El pueblo dice: “mal pero en la capital, porque aquí es donde se hacen los cheques”.

7. En tanto, los habitantes arrimados al margen a los ríos y cañadas que rodean a la capital de la República, carecen de servicios públicos y oportunidades, mientras casi todos los recursos están solo al servicio de una minoría.

8. Para dar una idea de la situación, en el Distrito Nacional, con una extensión de solo 100 kilómetros cuadrados, donde vive cerca de un millón de habitantes, la mitad de éstos viven hacinados en el nordeste en apenas la sexta parte de su territorio (la tercera circunscripción electoral).

9. En la provincia de Santo Domingo, con solo 1,300 kilómetros cuadrados ya viven cerca de 3 millones de habitantes, y su situación es aún peor en su zona urbana; en tanto que en la parte cercana de la provincia de San Cristóbal sucede algo similar, con cerca de medio millón de habitantes.

10. Solo con una política integral de desarrollo y desconcentración en torno a las 10 regiones de desarrollo establecidas, en base a sus potenciales respectivas, priorizando las ciudades intermedias para cada región con incentivos claros, podremos superar la hipercentralización y el subdesarrollo que padecemos en los órdenes político, económico y social.

11. En lugar de pensarse en violar descaradamente la Constitución, que no admite interpretaciones, debemos en el próximo gobierno poner en ejecución una política territorial responsable, para que se eviten a este país nuevos retrocesos.