La evasión tributaria continúa siendo uno de los principales obstáculos que afectan a las finanzas públicas en la República Dominicana. Es un reto que afecta significativamente la capacidad fiscal y lastra objetivo de equidad social.

Entre los factores que explican el problema encontramos la informalidad, ya que muchos negocios operan fuera del radar oficial. Esto dificulta la recolección de impuestos, dado que las actividades informales no están debidamente registradas ni gravadas. Para abordar este problema, se requieren medidas que fomenten la formalización de las actividades económicas y faciliten el cumplimiento tributario.

Otro factor relevante es la falta de recursos y capacidades de las autoridades para realizar una supervisión efectiva y una fiscalización adecuada. La evasión tributaria a menudo se beneficia de lagunas en la aplicación y de la falta de recursos para auditar y perseguir a aquellos que eluden sus responsabilidades.
También incide la baja moral tributaria; esto es, el bajo rechazo social a las prácticas vinculadas al incumplimiento de las obligaciones tributarias. Asimismo, la corrupción, la débil gobernanza y la pobre calidad institucional influyen en la magnitud e intensidad de la evasión.

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Un trabajo publicado por las autoridades económicas en el año 2018 bajo el título de “Estimación del Incumplimiento Tributario en la República Dominicana” arroja luz sobre la gravedad del problema de la evasión. El mismo se orientó a determinar el incumplimiento tributario en lo relativo al Impuesto Sobre la Renta para las Personas Jurídicas, el Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas, así como el Impuesto a la Transferencias de Bienes Industrializados Servicios (ITBIS). Son los jinetes de la tributación; representan alrededor del 60% de la recaudación del país.

En los casos del Impuesto Sobre la Renta, tanto de las personas jurídicas como personas físicas, las estimaciones del incumplimiento se hicieron comparando la recaudación observada respecto a una estimación de la recaudación potencial teórica obtenida por la vía de las Cuenta Nacionales: la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) y la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT); ambas, elaboradas por el Banco Central de la Republica Dominicana.

En el caso del ITBIS, el incumplimiento se obtuvo a partir de las ventas gravadas a través del Valor Bruto de Producción (VBP) y las Adquisiciones Gravadas Deducibles (AGD), a partir del Consumo Intermedio (CI) y la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) provenientes del Cuadro Oferta Utilización (COU).

Los resultados dan cuenta de que, en 2007, el incumplimiento del Impuesto Sobre la Renta de la Persona Jurídica representó el 56.36% del total, equivalente al 2.98% del PIB. Para 2017 había pasado a representar el 61.89% del total, equivalente al 4.22% del PIB. Lo que se percibe es que esa situación no ha cambiado.

En el caso del Impuesto Sobre la Renta a las Personas Físicas la tendencia es similar. En 2007, el incumplimiento representó el 60.03% del total, equivalente al 1.34% del PIB, mientras que en 2017 representó el 57.07% del total, equivalente al 1.68% del PIB. Tampoco parece que haya habido cambio en esa situación.

En cuanto al incumplimiento de ITBIS, los resultados arrojaron que mientras en 2007 el porcentaje de incumplimiento fue de 31.67%, equivalente al 2.13% del PIB, para el 2017 el porcentaje de incumplimiento había ascendido a 43.58%, equivalente al 3.63% del PIB.

En base a esos datos, el informe establecía que para 2017, por concepto de los tres impuestos, el incumplimiento estimado representaba un valor superior a los RD$344 mil millones, monto que representaba el 9.53% del PIB, lo que representa casi un 70% de las recaudaciones efectivas del país. Se anotaba que por cada punto que se redujeran la tasa de incumplimiento de los impuestos mencionados, el Estado dominicano percibiría adicionalmente unos RD$6 mil millones aproximadamente.
Nada nos indica que la situación descrita sea diferente hoy en día a la del año 2017, lo que lleva a afirmar que los recursos tributarios no percibidos serían de una cuantía significativa en todos los casos. Para el año 2023, el incumplimiento tributario rondaría los 660 mil millones de pesos.

Enfrentar la situación de la evasión es el gran desafío para la administración tributaria.