Los “macos” del Código.-Es muy probable que el apresamiento, como parte de la Operación Coral-5G, de tres generales activos, varios coroneles y otros oficiales de nuestros cuerpos castrenses a los que el Ministerio Público acusa de pertenecer a una red de corrupción administrativa traiga de nuevo a discusión el tema de los delitos cometidos por militares y la jurisdicción que debe juzgarlos, a pesar de que ya el Tribunal Constitucional dictaminó, en una sentencia que habrá que distribuir entre senadores y diputados, que los tribunales militares solo tienen la potestad de conocer infracciones de tipo administrativo.

Y si digo que esa sentencia debe ser socializada, como se dice ahora, entre los legisladores, es porque no obstante el coimputado en el caso Coral el mayor Raúl Alejandro Girón haber descrito las cárceles militares como “hoteles” en los que los oficiales “presos” disfrutan de todo tipo de privilegios y comodidades, la Comisión Bicameral que estudió el proyecto de ley los premió estableciendo en el Código Penal una jurisdicción especial para atender los casos punibles cometidos por miembros de los cuerpos castrenses.

No fue una decisión caída del cielo ni hija de un capricho de los legisladores sino producto de una petición del Ministro de Defensa, el mayor general Carlos Díaz Morfa, para que se mantenga el artículo que dice que las disposiciones del Código no son aplicables a delitos y crímenes militares, que por haberse producido en medio del escándalo que provocó la Operación Coral y el involucramiento del mayor general Adan Cáceres como presunto cabecilla de la red delictiva se trató de solapar, pues esos hechos indicaban que no se merecen ese privilegio.

Por eso hay tanta gente preocupada por los “macos” que se puedan colar en el Código Penal, sobre todo después de demostrarse que los miembros de la comisión que estudió el proyecto un día adelantaban un paso y al día siguiente retrocedían dos.