La agenda marca que en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca se producirá este día, denominado por el presidente Donald Trump como “Día de la Liberación”, algo bien grande: el anuncio por parte del presidente estadounidense, en compañía de todo su gabinete, del paquete arancelario más profundo, vasto y heterogéneo, y con mayor impacto en la economía mundial, que Estados Unidos haya ejecutado jamás.

Una frase de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, nos da una idea que nos acerca alcance de lo que ocurrirá: «Cualquier país que haya tratado de forma injusta al pueblo estadounidense debería esperar recibir un arancel a cambio el miércoles».

Obviamente, se refiere la portavoz de los aranceles recíprocos para cada país que hace comercio con Estados Unidos, que se agregan a una batería de aranceles específicos, por país o por renglón de importación, (unos como castigo por falta de cooperación y otros como sanción por cooperación insuficiente en materia de inmigración, tráfico de drogas y seguridad).

Se trata de un acontecimiento que sellará un cambio disruptivo en el mercado mundial, que en medio de incertidumbres, conduce de la globalización a la nacionalización y regionalización de los mercados.

Ante la nueva realidad República Dominicana debe prepararse para, aprovechando su condición de aliado bien ponderado por Estados Unidos, negociar un acuerdo bilateral (acuerdos país por país es el enfoque del Gobierno de EE.UU, al decir de Mauricio Claver-Carone, enviado especial del Departamento de Estado para América Latina) que sustituiría el DR-Cafta, para obtener así en promoción de inversiones los beneficios de que no disfrutaría a través de tratos arancelarios generosos.

Sobre el impacto fiscal, Peter Navarro, asesor comercial de la Casa Blanca, ha dicho que el cambio arancelario podría generar 600.000 millones de dólares al año (6 billones de dólares en la próxima década).

Es algo a tomar en cuenta. La mirada de la República Dominicana sobre el proceso que se ha puesto en marcha en Estados Unidos no debe quedarse corta, debe ser profunda y estratégica, poniendo también atención a lo que está pasando con el gasto fiscal y lo que se espera que ocurra con una reforma impositiva, que se da por segura.

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Por los ruidos generados y por las piedras encontradas en el camino, es probable que el recorte del gasto no alcance a generar el ahorro de 2.0 billones de dólares de que se ha hablado; pero por la tenacidad y perseverancia con que la están llevando a cabo, augura que será significativo.

El propósito del Gobierno de Trump es apoyarse en los nuevos ingresos generados por los aranceles y en el ahorro por reducción del gasto público, para pasar la reforma impositiva, que bajaría la tasa que pagan las corporaciones del 21% actual al 15%.

Esto obligaría a una reforma tributaria en el país, para evitar pérdida de competitividad en la atracciones de inversiones, por el ensanchamiento de la diferencia entre la tasa local de 27% y la del 15% en que quedaría en Estados Unidos.

El cambio es disruptivo y será doloroso, pero si a pesar de las incertidumbres generadas, la economía de EE.UU. absorbiera su impacto sin descarrilarse, se estaría desactivando una potencial crisis de deuda en la principal economía del mundo, porque la intención de Trump, y está por verse si lo logra, es que el Gobierno estadounidense vuelva a operar con superávit fiscal.