El numeral 1) del Artículo 39 de la Constitución reza así: “La República condena todo privilegio y situación que tienda a quebrantar la igualdad de las dominicanas y los dominicanos, entre quienes no deben existir otras diferencias que las que resulten de sus talentos o de sus virtudes”.

Ni la Constitución de la República ni ninguna ley ordinaria observa categoría de superioridad entre civiles y militares. Las protecciones excepcionales se circunscriben a discapacitados, envejecientes y mujeres embarazadas.

Sin embargo, con motivo de la pandemia y las largas filas que se forman en las sucursales del Banco de Reservas, sobre todo durante los días de pago, a los viejos de ambos sexos, a las preñadas y a los que padecen discapacidades físicas también se les ve haciendo fila.

Es una fila especial, pero fila al fin y a veces muy larga, en ocasiones inclusive en pleno sol o bajo llovizna.

Los únicos que no hacen fila son los policías y los militares. Basta con presentar un carnet de identificación cuando visten ropa de civil, aun sean jóvenes con excelentes estado de salud. ¿Amparado en qué ley el Banco de Reservas, tradicionalmente, concede un privilegio tan irritante?

Hay que admitir que la presente administración gubernamental ha tomado algunas medidas que procuran transparentar el desenvolvimiento financiero de las instituciones públicas. Y que, de igual manera, aboga por el respeto a la Constitución y a las leyes subjetivas, pero todavía quedan distorsiones que ameritan corregir, como la vieja conducta trujillista donde los militares se sienten superiores a los demás ciudadanos dominicanos.

En las plazas comerciales, tiendas y supermercados (establecimientos del sector privado) sí he comprobado que no conceden privilegio a ningún cliente, salvo a aquellos que están amparados por la ley: mujeres en estado de gestación, discapacitados y personas de muy avanzada edad. No he visto a ningún militar presentando su carnet en caja de pago para que lo liberen de fila.

Constituye una vergüenza que las empresas del sector privado exhiban mayor apego y respeto al Art. 39 de la Constitución de la República que una institución del Estado, como es el caso del Banco de Reservas, a pesar que el ejemplo, en término de cumplimiento a las leyes, debe empezar por el gobierno.

Recuerdo que José –Pepe– Mujica, cuando era presidente en el Uruguay, renunciaba a los privilegios que le concedía son alta investidura. Renunció, incluso, al trato especial que suele recibir todo anciano, pues cuando acudía a un centro de salud del Estado hacía turno al igual que los demás pacientes.

Este artículo no constituye una expresión de prejuicio contra policías y militares dominicanos, a los cuales extiendo mi respeto por cumplir con atribuciones como la de mantener el orden público, por un lado, y, por otro lado, defender la independencia y la soberanía de la Nación. Es una labor digna, aunque remunerada y no amerita rendimiento de honores ni mucho menos concesión de privilegios.

“La única forma de regenerar el mundo es que cada uno cumpla con el deber que le corresponda”, dijo Charles Kingsley. Demandar el respeto a nuestra carta sustantiva debe ser también un deber de cada dominicano.

Exhorto, en ese sentido, al administrador del Banco de Reservas, licenciado Samuel Pereyra Rojas, a emitir a una disposición administrativa acabando con el privilegio mediante el cual policías y guardias entran a las sucursales como “Pedro por su casa,” pese a que se trata de una violación constitucional que se comete públicamente.