Era de conocimiento público en el país que las empresas de propiedad estatal mostraban una situación delicada desde el punto de vista administrativo, financiero y operacional -las que estaban activa-, mientras, otras, simplemente se encontraban cerradas y solo existían en la memoria o recuerdo de la gente.

A partir de la gestión del presidente Leonel Fernández en el 1996 se toma la iniciativa de establecer un modelo de gestión empresarial que permitiera administrar a las empresas públicas, a fin de ponerlas a operar en condiciones de rentabilidad y dejar de ser una carga para el Estado, al tiempo de hacerlas productivas. Ahí surge la idea de promover y aprobar un marco legal que viabilizara el patrimonio público sin perder su titularidad, siendo el vehículo por excelencia el de la capitalización, con el aporte de inversión privada nacional o extranjera, para lo cual se estableció como precondición las auditorias contratadas mediante licitación internacional, con el objeto de determinar la situación patrimonial y la tasación del valor de mercado de cada empresa.

Para tener una idea que nos haga recordar en el presente el estado de las empresas públicas del pasado, pongamos algunos de los casos como muestra. La fabrica de cementos, Textil Los Mina, Aceites Ámbar, la Tenería, Atlas Comercial, Baterías Hércules, Fabrica de Recauchados, entre otras, habían cerrado sus operaciones al finalizar el último mandato del presidente Joaquín Balaguer. En cambio, otras, como la Marmolería, Molinos Dominicanos, las empresas generadoras eléctricas Ege-Haina y Ege-Itabo -no de origen hidráulico-, fueron capitalizadas y seguros San Rafael asumida por el Banco de Reservas.

Al momento de la entrada en vigencia de la ley de capitalización, la Corporación de Empresas Estatales (CORDE), estaba compuesta por 24 empresas, de las cuales, 14 se encontraban cerradas y los 10 restantes operaban con déficit. Para solo mencionar el caso del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), al 1998 acumulaba pasivos por RD$ 1,815 millones, equivalente a US$ 115.0 millones y operaba con un subsidio del gobierno central de RD$ 700 millones al año o su igual US$ 45.0 millones,

Recién iniciado el gobierno del presidente Fernández, se promulga la Ley número 141-97, marco legal que permitió crear la Comisión de Reforma de la Empresa Pública (CREP), a fin de coordinar el proceso de reforma y transformación de las empresas estatales, bajo las modalidades de la capitalización -mediante inversión privada de origen nacional o extranjera-, concesión, transferencia o ventas de acciones y activos del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), la Corporación de Empresas Estatales (CORDE) y la Corporación de Fomento de la Industria Hotelera (CORPHOTEL).

La citada Ley, en su artículo 20, consignó que “Toda la propiedad accionaria del Estado de la empresa capitalizada, y/o los recursos generados por cualquier otra de las modalidades establecidas en esta ley, así como los beneficios y dividendos que estos produzcan no objeto de reinversión, serán colocados en un Fondo Patrimonial para el Desarrollo, creado a estos fines. Los mismos serán depositados en una cuenta especial habilitada en el Banco de Reservas de la República Dominicana”.

Con el objetivo de dar cumplimiento a lo indicado en el referido artículo, se promulgó la Ley 124-01, que crea el Fondo Patrimonial para el Desarrollo, con el nombre de Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER) -entidad autónoma del Estado Dominicano- así como el Decreto 631-03 estableciendo el Reglamento del Fondo.

Las empresas que se derivaron de la Ley 141-97, también denominada de capitalización, crea el marco legal para la constitución de sociedades anónimas, las que en ningún caso el capital accionario podrá exceder el 50.0 % del total de las acciones efectivamente pagadas, como lo establece el Articulo 13 y su párrafo I y el III señala que, los inversionistas serán seleccionados a través de la licitación pública internacional, como en efecto se produjo.

Lo acontecido a las empresas públicas con la ley referida no fue una privatización, porque no se vendió la mayoría de las acciones a particulares, tampoco es una alianza público/privada, porque no implica algo como lo establecido en la ley 47-20: “el mecanismo por el cual agentes públicos y privados suscriben voluntariamente un contrato de largo plazo, como consecuencia de un proceso competitivo, para la provisión, gestión u operación de bienes o servicios de interés social en el que existe inversión total o parcial por parte de agentes privados, aportes tangibles o intangibles por parte del sector público, distribución de riesgos entre ambas partes, y la remuneración está asociada al desempeño conforme a lo establecido en el contrato.”

El modelo de negocios que estableció el marco legal que transformó a las empresas públicas desde entelequias a empresas competitivas, productivas y rentables, se denomina capitalización, que implica la inyección de capital privado a las empresas estatales no rentables o paralizadas, para constituir una sociedad entre el Estado y los inversionistas privados, cuya propiedad continua siendo estatal, por no exceder el 50.0 % de las acciones en manos privadas, aunque si su administración, con la debida representación pública y del sector laboral.

Transcurrido los años el Estado continúa siendo el dueño de su patrimonio, no lo ha enajenado, por el contrario, hoy recibe dividendos económicos y la población se beneficia con acciones directas, promovidas y ejecutadas a través de distintos proyectos de inversión realizados por el FONPER o el gobierno a favor de las comunidades intervenidas.

A nivel de lo que han sido los beneficios económicos que recibe el Estado dominicano, desde que las empresas públicas no rentables pasaron a ser capitalizadas, los ingresos brutos que ha recibido son cada vez mayores. En particular, conforme a los estados financieros del FONPER y sus memorias anuales, durante los años que van desde el 2005 al 2019 las empresas eléctricas, molinos del Ozama y la tabacalera, le han entregado recursos financieros brutos al sector público por RD$ 25,300 millones y neto por RD$ 21,543 millones y para los años que van del 2020 al 2023 los ingresos brutos que ha recibido FONPER ascienden a RD$ 16,980 millones, para un total de RD$ 42,280 millones, equivalente a RD$ 2,225 millones al año durante el periodo 2005-2023.

Hasta el 2019 el FONPER le había transferido al gobierno central el monto de RD$ 11,579 millones, en programas y proyectos de infraestructura RD$ 1,647 millones, en obras de saneamiento y salud RD$ 136.7 millones, también, en programas de educación, recreación y deportes 2.5 millones, entre otras actividades, para un total de RD$ 18,663 millones.

Como puede apreciarse, las empresas públicas dejaron de ser una carga para el Estado dominicano -liberando recursos presupuestarios para cubrir otras necesidades gubernamentales-, en la que tenía que constantemente transferirle recursos financieros para poder operar con ineficiencia, en cambio, hoy las empresas capitalizadas son eficientes y han pasado a ser una fuente de generación de beneficios económicos para el gobierno central y la población en general.