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El Ministerio Público lanzó este miércoles la Operación Camaleón, una investigación que ha sacudido las estructuras de poder con la detención de siete personas acusadas de pertenecer a una red de corrupción y crimen organizado que ha afectado gravemente al Estado.
Entre los crímenes señalados figuran desfalco, estafa, falsificación, contrabando, terrorismo y sabotaje de infraestructura crítica, utilizando tecnologías avanzadas para llevar a cabo sus actos ilícitos.
Dentro de los principales imputados se encuentran Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y José Ángel Gómez Canaán, conocido como «Jochy», presidente de Transcore Latam.
En la orden de arresto se encuentra detalladamente cada una de la supuesta participación de los arrestados y hoy les presentamos los seis datos más escandalosos del caso:
Hugo Beras, de victima a encabezar toda la trama
Horas antes de ser allanada su casa y arrestado, Hugo Beras había dicho en un programa de radio que era inocente y no tenía conocimiento sobre todo lo malo del contrato que se realizó entre el INTRANT- Transcore Latam.
Sin embargo, en el documento emitido por el Ministerio Público «es acusado de liderar el fraude y adjudicar contratos millonarios a empresas sin las capacidades técnicas para gestionar proyectos clave, como la red semafórica y el sistema de videovigilancia en el Gran Santo Domingo.
Usurpación de identidad por Jochy Gómez
El empresario José Ángel Gómez Canaán, mejor conocido como Jochy Gómez, quien es uno de los propietarios de Transcore Latam, la empresa investigada por la Pepca, a solicitud de la Dirección de Contrataciones Públicas, que detectó indicios de delitos penales por alegada corrupción, falsificación de documentos y vicios en el proceso de contratación que permitió que fuera adjudicada por más de RD$1,300 millones en 2023.
Sin embargo, el órgano fiscalizador reveló que este en mayo de 2022, adquirió el dominio TRANSCORE.COM.DO y usurpó la identidad del ciudadano alemán Jörg Brinkmeyer para crear fraudulentamente Transcore Latam S.R.L..
«Posteriormente, utilizando correos falsos, solicitó a un abogado registrar la empresa en la República Dominicana y en julio de 2022, registraron Transcore Latam S.R.L. en la Cámara de Comercio de Santo Domingo», indica el documento.
Alteración de los requisitos para pasar la licitación
Uno de los puntos más escandalosos de la investigación es que los requisitos de experiencia para la licitación fueron drásticamente reducidos para beneficiar a Transcore Latam S.R.L.
Inicialmente, se exigía una experiencia mínima de 15 años, pero esta se redujo a un solo año. Además, otros requisitos clave, como el número de controladores a nivel mundial y el mínimo de intercepciones, también fueron rebajados, permitiendo que la empresa cumpliera fácilmente con los criterios.
El proceso de licitación mostró más señales de irregularidades cuando solo dos empresas presentaron ofertas: Transcore Latam S.R.L. y el Consorcio de Seguridad Sostenible.
Sin embargo, Edwin Yeara, representante de este último, tenía vínculos con Mario Alcalá, relacionado a su vez con Transcore Latam S.R.L., lo que levantó sospechas de conflicto de interés.
Durante las pruebas de concepto, Transcore no participó formalmente, y el Consorcio no presentó los elementos requeridos, lo que sugiere una coordinación entre las partes para legitimar la adjudicación a Transcore.
Beneficios a Jochi Gómez se remonta a 2017
De acuerdo con la orden de arresto, la trama se remonta al año 2017, cuando Gómez Canaán fue favorecido con diversos contratos del Estado, entre ellos, uno a la empresa Dekolor S.R.L., donde funge como co-gerente junto a Rogelio Ramón Oruña Aguilar. Dekolor ha sido una de las principales beneficiarias, recibiendo más de RD$ 4,655 millones por la emisión de licencias de conducir, cobrando RD$ 805.69 por cada una emitida.
Además, en el documento, el MP dice que en 2020, Gómez Canaán también fue favorecido con un contrato que ha sido calificado como ilegal.
Según el Ministerio Público, se trató de un «Acuerdo de Colaboración» entre el Ministerio de Defensa y su empresa AURIX S.A.S. Sin embargo, este contrato no figura registrado oficialmente en los sistemas gubernamentales, lo que ha suscitado sospechas sobre la transparencia del acuerdo.
Actos de Sabotaje y Terrorismo en la Red Semafórica de Santo Domingo
El documento de orden de arresto señala que la empresa Transcore Latam S.R.L. realizó instalaciones no autorizadas de reguladores semafóricos con tecnologías nuevas y desconocidas para el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT).
El 27 de agosto, Jorge Luis Polanco, en representación del INTRANT, notificó a José Gómez Canaán que esas instalaciones no estaban permitidas. Esta comunicación provocó una reacción airada de Gómez Canaán, quien amenazó con detener el mantenimiento de los semáforos, afectando la operatividad de los equipos.
Poco después de la advertencia de Gómez Canaán, 14 intersecciones semafóricas fueron desactivadas, lo que inicialmente se consideró como fallas técnicas. Sin embargo, los técnicos del INTRANT notaron algo inusual, ya que el promedio de averías es de cinco o seis al día. El número de intersecciones afectadas creció rápidamente, alcanzando 44 para el 29 de agosto, lo que despertó sospechas de sabotaje intencionado por parte de Gómez Canaán y sus asociados.
Frente a esta crisis que causaba caos en las calles del Gran Santo Domingo y amenazaba la seguridad nacional, el INTRANT organizó un equipo técnico acompañado de personal militar. Se confirmó que el sabotaje fue dirigido por José Ángel Gómez Canaán, Carlos Peguero y Pedro Padovani, quienes intencionalmente desactivaron los semáforos, exacerbando los problemas de tráfico en la ciudad.
Acuerdo Ilegal entre el MIDE y AURIX
El imputado José Ángel Gómez Canaán fue legitimado en sus prácticas de control e interferencia en actividades de seguridad nacional mediante un acuerdo de cooperación firmado el 23 de junio de 2020 entre el Ministerio de Defensa de la República Dominicana (MIDE) y su empresa Aurix S.A.S. El acuerdo, con una vigencia de 12 meses, permitió a Aurix recopilar y analizar datos utilizando inteligencia artificial y técnicas de evaluación de fuentes abiertas. Aurix se comprometió a cooperar con el MIDE en la detección de amenazas y riesgos mediante el uso de software especializado y se le otorgó el derecho de utilizar el logo del ministerio en sus instalaciones.
Por su parte, el Ministerio de Defensa se comprometió a facilitar los permisos y licencias necesarios para las operaciones de Aurix, además de proveer asistencia tecnológica y garantizar la seguridad del personal e instalaciones ante posibles amenazas. Sin embargo, en un informe fechado el 21 de marzo de 2024, el Ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, indicó que no existían registros oficiales que respaldaran dicho acuerdo, ni en el Ejército, ni en la Armada, ni en la Fuerza Aérea, lo que revela que la firma del convenio fue un acto oculto y no reconocido institucionalmente.
Este acuerdo violaba tanto la Constitución como la Ley núm. 139-13, ya que otorgaba facultades reservadas a organismos de inteligencia y seguridad a una empresa privada. Esto permitió a José Ángel Gómez Canaán acceder y abusar de información clasificada, lo que facilitó la realización de prácticas ilegales como manipulación, amenazas y extorsiones, poniendo en riesgo la seguridad nacional del país, según establece el documento.
