Llevado al vórtice de vientos que se embisten desconsideradamente sin distanciarse de los motivos y orígenes políticos de los contendientes, el órgano fiscalizador del Estado cuyos miembros se pretende llevar al banquillo de acusados ante el Senado se distancia aún más de obligaciones institucionales que con nitidez y rigor deben esclarecer gestiones oficiales pasadas y recientes; sin exclusión de ninguna especie. Estremece a la sociedad la elevación de graves acusaciones a la actual matrícula de la Cámara de Cuentas pendientes de ser sustentadas convincentemente por legisladores adscritos al oficialismo. Un efecto similar debe causar en la opinión pública el pronunciamiento disidente de los miembros de la comisión investigadora alineados con una oposición exacerbada críticamente por la precampaña. Unos discrepantes que formulan drásticas y descalificadoras objeciones a quienes suscriben los cargos; unos y otros evidentemente atrincherados en convicciones y banderías; adhesiones radicales que ponen en confusión sus posiciones a favor y en contra.
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Embullados en sus fines, sus respectivas exhibiciones de recíproca intolerancia podría favorecer o no sus particulares agendas ante un electorado seducible; pero las consecuencias inmediatas de las contradicciones lesionan a la sociedad que ve inactiva a una institución básica atollada por particularidades políticas con pocas posibilidades de que la frustración repercuta en las urnas contra los protagonistas.