Pocos centros asistenciales del país están calificados para tratar con rapidez y efectividad a los pacientes que llegan a ellos en crisis cardiovasculares que figuran entre las principales causas de defunciones a nivel nacional; difíciles de evitar por insuficiencias tecnológicas, logísticas y de especialización de personal emergencista que preocupan a la clase médica y la mueven, a través de voces muy autorizadas, a reclamar que el Estado tome medidas que subsanen las incapacidades que cuestan vidas.

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Llama la atención que la tasa de infartos intervenidos tardíamente esté llegando a niveles importantes; resultado en parte de las limitaciones de recursos imprescindibles para actuar con prontitud ante síntomas de colapsos inminentes. Procede -y en eso enfatizan los entendidos- programar y coordinar a nivel nacional las atenciones cardiovasculares de urgencia con unidades a cargo de personal competente y adecuadamente equipado para evitar los desenlaces fatales de alta incidencia ahora.

Una dramática cuenta regresiva comienza ante los infartos que debe dar tiempo a aplicar medicamentos y procedimientos de cateterismo que supriman obstrucciones arteriales que a veces llegan en estado avanzado y de cuya efectividad depende la preservación de la existencia sin secuelas que puedan reducir considerablemente la calidad de vida de los sobrevivientes. Los esfuerzos por dar adecuadas respuestas a los infartos desde el sistema de salud y desde el ejercicio privado no han sido suficientes.