Lucha y tragedia de Manfredo Casado

El jueves 9 de octubre de 1975 la Policía Nacional dio a conocer en rueda de prensa, la muerte a tiros -supuestamente enfrentando a una patrulla- del señor Manfredo Casado Villar, quien había formado parte de una pequeña rebelión armada contra el Gobierno del presidente Joaquín Balaguer, que se inició el lunes 2 de junio, en la montañosa zona de Los Cacaos, provincia de San Cristóbal, donde sus principales protagonistas eran los guerrilleros Claudio Antonio Caamaño Grullón y Toribio Peña Jáquez, quienes fueron capturados el 30 de agosto en la ribera del río Mahomita sin que hicieran un solo disparo.
La institución encargada de mantener el orden público reveló que había recibido informes de que el malogrado insurrecto, natural de un campo de San José de Ocoa, planeaba desplazarse hacia la Capital luego del revés sufrido por sus compañeros, pero permanecía en la zona -que conocía muy bien- en espera de la primera oportunidad para salir de allí y poder restaurar a nivel urbano la abortada acción guerrillera.
Explicó que esa fue la razón de que el jefe de esa entidad, mayor general Neit Rafael Nivar Seijas, instruyera al coronel Ramón A. Soto Echavarría, comandante de la dotación policial de San Cristóbal, a que vigilara con el mayor celo posible los lugares colindantes con las montañas de Ocoa y montara un operativo de registro de vehículos a la entrada del puente Lucas Díaz que enlaza la ciudad benemérita con Baní.
La Policía afirmó que fue así como alrededor de las 11:30 de la noche del miércoles 8 de octubre, se topó de frente con Casado Villar, al ubicarlo en el asiento delantero de un carro público marca Chevrolet, color rojo, placa No. 200-138, guiado por el chófer José Antonio Polanco Beato, que llevaba en la parte trasera a su hermano Milcíades y a los señores Francisco Antonio Estrella y Antonio Reyes.
Continuó diciendo que los agentes de turno intentaron revisar ese vehículo, pero su conductor ignoró la señal de pare y, en vez de disminuir la velocidad, aceleró de golpe y emprendió la huida.
Agregó que fue perseguido por el auto patrullero placa oficial No. 4737, que le dio alcance en las proximidades de un cañaveral del ingenio Caei, cerca del poblado de Yaguate, donde se produjo un prolongado “intercambio de disparos” que segó la vida de Manfredo y sus acompañantes. En ese sentido, atribuyó al guerrillero disparar varias veces un fusil M-1 hasta vaciar el cargador, así como dos revólveres de calibre 38, uno de ellos con la numeración limada.
Además, mostró a la prensa un traje verde olivo de combate, el referido carro público con la tablilla de registro No. 383 y su matrícula a nombre de la señora María Josefa García, esposa del extinto Polanco Beato, residente en Santo Domingo.
Sin embargo, esa versión fue refutada por la señora Aurora Lugo Villar, madre de Manfredo y Milcíades, quien catalogó el suceso de “múltiple crimen” ejecutado en la fortaleza Antonio Duvergé, de San Cristóbal, y por el profesor Pablo Rafael Casimiro Castro, que utilizó el término «asesinato».
El exsenador y dirigente perredeísta se refirió al hecho el miércoles 29 de octubre en el restaurante Sol y Mar, en la avenida George Washington de la Capital, durante una reunión que sostuvo con periodistas y amigos políticos para reconocer su responsabilidad en el envío a La Caoba de San Cristóbal de tres individuos con la encomienda de recoger a Manfredo y transportarlo al Distrito Nacional, para que buscara asilo diplomático en la embajada de España o en la de Francia. Estos eran su hermano Milcíades Casado, Francisco Antonio Estrella y el chófer José Antonio Polanco Beato.
Casimiro Castro afirmó que se había cometido un asesinato porque esos señores solo llevaban consigo -como único armamento- la palabra y la voluntad de cumplir el encargo, aparte de que el guerrillero en ese momento se encontraba fuera de beligerancia, concentrado solo en la tarea de su traslado a la ciudad de Santo Domingo.
Refirió que se vinculó al caso a petición de familiares de Manfredo y creyendo que se respetaría su vida luego de la detención pacífica de sus compañeros de guerrilla, en función de la línea trazada por el general Nivar Seijas, quien en una entrevista con el periodista César Medina, del diario vespertino Ultima Hora, aseguró que tratarían de capturarlos a todos vivos, tras recordar que “Durante mis dos gestiones como jefe de la Policía Nacional y durante las otras funciones que he realizado, mis actuaciones han estado enmarcadas estrictamente dentro del cumplimiento de mi deber”.
El dirigente político reveló que contrató los servicios del chofer Polanco Beato porque era su vecino de la calle Callejón Imbert, en el barrio de San Carlos y aunque nunca había participado en política, lo conocía desde hacía años, se trataban familiarmente y nunca había dado muestras de vacilación.
También se refirió a declaraciones de su viuda, la señora María Josefa Polanco García, quien “el día del crimen, de manera histérica me reclamó responsabilidad por los hechos”, pero luego conversó con ella ya que “como vecinos nunca hemos tenido problemas”.
Campesino y guerrillero
Manfredo Casado era un individuo oriundo del paraje “Los Martínez”, de San José de Ocoa, que se dio a conocer en 1969 cuando la Policía lo acusó de adiestrar a los campesinos de esa jurisdicción en tácticas revolucionarias, bajo la supuesta orientación del Movimiento Liberador 12 de Enero que presidía el dirigente izquierdista Plinio Matos Moquete, quien guardaba prisión en la cárcel de Elías Piña.
El extinto guerrillero en realidad nunca había militado en un partido político, pero actuaba como el revolucionario que participó en la Guerra de Abril de 1965 en defensa de la soberanía nacional -igual que su padre Gregorio y otros familiares- y se codeaba desde entonces con dirigentes de izquierda -como Matos Moquete, Orlando Mazara y Braulio Torres- reconocidos por su solidaridad militante con los campesinos de Ocoa en su lucha contra el latifundio.
La labor constante de Manfredo frente a los potentados de las grandes haciendas le granjeó la animadversión de algunos de ellos, los cuales, prevalidos de poder económico e influencia en el sector público, gestionaron ante el Instituto Agrario Dominicano que le concediera una parcela en la “Estación Experimental Arrocera Juma”, establecida en el municipio de Bonao desde principios de la década de 1960, solo con la intención de que se apartara de su gente y abandonara su accionar comunitario.
Pero como eso no sucedió y continuó junto a sus compañeros

de lucha, reclamando que se profundizara la recién iniciada reforma agraria, comenzó a ser hostigado con amenazas de muerte, viéndose forzado en 1972 a refugiarse en la embajada de México donde permaneció por espacio de todo un año, a causa de que el Gobierno lo calificó de “delincuente común” y se negó a aceptar la solicitud de asilo y a otorgar el correspondiente salvoconducto para viajar al extranjero. Lo hizo recostado en el artículo III de la Convención sobre Asilo Diplomático firmada el 28 de marzo de 1954, dentro de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Ahí residió el motivo de su desesperada y desafortunada decisión de secuestrar al niño Cuitláhuac García Medina, hijo del embajador mexicano Francisco Espartaco García Estrada, quien sería su rehén hasta el momento en que una comisión de notables negoció con el canciller de la República, doctor Víctor Adriano Gómez Bergés, su salida hacia Madrid, el miércoles 22 de septiembre de 1973, acompañado del director del periódico El Sol, don Radhamés Virgilio Gómez Pepín.
Este último era miembro de dicha comisión, así como el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito; el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, doctor Jottin Cury Elías, y los periodistas Rafael Herrera Cabral, director del periódico matutino Listín Diario; Silvio Herasme Peña, director general de La Noticia y Salvador Pittaluga Nivar, embajador y director de prensa de la Cancillería.
Descalabro de la guerrilla
Manfredo Casado Villar llegó a Cuba desde algún punto de Europa a finales del año 1973 y enseguida fue invitado por los exguerrilleros Claudio Caamaño Grullón y Toribio Peña Jáquez a participar en la organización de una nueva empresa bélica contra el Gobierno de Balaguer, a concretarse con el ingreso clandestino del grupo al territorio dominicano por la frontera con Haití.
El plan inicial fue variado cuando iba a ser ejecutado, porque -tras un recorrido marítimo por varios países del Caribe- el malogrado dirigente campesino confrontó serios problemas estomacales y tuvieron que estacionarse en Puerto Rico, donde entraron con pasaportes de turistas venezolanos, auxiliados por el señor Néstor Nazario, alto dirigente del Partido Socialista Puertorriqueño (PSP), quien les buscó alojamiento y se encargó de los preparativos de su entrada a playa dominicana en el yate “Juan Gabo”, tripulado por los navegantes boricuas John Sampson Fernández, Raúl García Zapata y Ángel Luis Gandía.
Así fue como la noche del 1ro. de junio de 1975, ese yate zarpó con los tres guerrilleros a bordo desde una playa de Aguadilla, en el noroeste de la vecina isla, para entrar en horas de la madrugada al país por la playa de Palenque, San Cristóbal y posibilitar la posterior movilización de los tres guerrilleros en el área montañosa comprendida entre Nizao y La Laguna, hasta acampar entre los bosques de Los Cacaos, donde se estarían moviendo de un lugar a otro durante cuatro meses, eludiendo a las tropas del Ejército Nacional que andaban en su búsqueda.
Pero 25 días antes de que Claudio y Toribio cayeran prisioneros en manos de tropas combinadas del Ejército y la Policía, angustiado y deshidratado por los problemas estomacales que dificultaban sus movimientos, Manfredo tuvo que separarse de sus compañeros y cambiar de planes. Desde entonces estuvo empeñado en moverse sigilosamente para evitar ser apresado y contactar a familiares que pudieran sacarlo de la zona de peligro.
Desgraciadamente, fue reventado a tiros en un supuesto intercambio de disparos que la Policía nunca pudo explicar, puesto que no era posible que estando -como se dijo- fuertemente armado, salieran ilesos los agentes de la patrulla que protagonizó ese sangriento suceso.
Por último, debemos subrayar que la muerte de Manfredo fue muy lamentada y sentida por gente de derecha y de izquierda, obviando sus desacuerdos con el método foquista que había estado en crisis irrecuperable luego de la muerte del legendario coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó el 16 de febrero de 1973. Ese era el caso de los adeptos al partido blanco cuya vocación de poder se había consolidado desde que asumió la línea electoralista, sustentada por sus buenas relaciones con los llamados liberales de Washington y su inminente ingreso a la Internacional Socialista de manos de su secretario general y líder indiscutido, doctor José Francisco Peña Gómez, quien en esos momentos visitaba Europa para estrechar lazos de amistad con los dirigentes de esa organización mundial, entre ellos presidentes o primeros ministros de sus respectivas naciones.

Cabe destacar que poco antes del desenlace fatal del 8 de octubre, la comisión política del PRD, encabezada por su secretario general interino, don Manuel Fernández Mármol, publicó un documento en el que se reiteraba la posición contraria al foquismo, pero defendía como cuestión de principios el respeto a la integridad física de Claudio, Toribio y Manfredo, vale decir, la vida.