Por Alfredo Cruz
En las pasadas elecciones municipales, congresuales y presidenciales de febrero y mayo el Partido Revolucionario Moderno (PRM) superó abrumadoramente a la alianza opositora Rescate RD en los tres niveles de elección, obteniendo una gran mayoría de alcaldías, de distritos municipales, diputados, senadores y la Presidencia de la República.
El presidente de la República, Luis Abinader, conociendo la situación económica imperante en nuestro país y en el entorno internacional, afectado por grandes turbulencias económicas y conflictos bélicos, muy atinadamente ha iniciado un periplo visitando a los principales actores del pasado proceso electoral, buscando una posible salida de consenso ante la posible crisis política y social que se vislumbra en el futuro inmediato.
Puede leer: Cinco mensajes al liderazgo político mandados a través del voto
Está consciente que una mayoría calificada en el Congreso Nacional y en las alcaldías no es una garantía para mantener la estabilidad macroeconómica, política y social del país. Esta misma mayoría la obtuvieron también en su momento el PRD y el PLD y ambos partidos fueron desplazados del poder.
Con dicha mayoría y con el control que ostenta en los distintos estamentos del Estado, el presidente Abinader tiene por delante un gran reto y a la vez una gran oportunidad para demostrar que en verdad piensa en las futuras generaciones y no en las próximas elecciones.
Debe propiciar y llevar a cabo una reingeniería, las reformas y transformaciones que requiere el Estado dominicano a nivel institucional, en la que sean disueltas o fusionadas aquellas instituciones que no rinden ninguna labor y fortalecer aquellas que sí lo hacen, para lograr el grado de desarrollo económico, social, humano y el fortalecimiento institucional que el país requiere, pues dicha mayoría no será para siempre.
Esta vez estará obligado a someter una verdadera reforma fiscal al Congreso Nacional, la cual está incluida en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (Ley 1-12), que ya no se puede posponer, como ocurrió en administraciones anteriores, consciente del alto costo político que esta le generará al Gobierno y al partido gobernante.
Aplicar una reforma fiscal en estos momentos puede que genere grandes tensiones y un clima de inestabilidad económica, política y social, tal como ocurrió en Colombia, en Chile y recientemente en Argentina.
Pero la misma no debe hacerse a la carrera, aprovechando la mayoría calificada de ambas cámaras legislativas; hay que tomarse el tiempo necesario, ser prudente a la hora de aprobarla; no debe ser excluyente, hay que tomar en cuenta a todos los sectores políticos, económicos y sociales del país.
Una reforma fiscal implica la revisión de la actual estructura tributaria del país, así como la modificación de leyes importantes que tienen que ver con dicha reforma.