No irrespeto al presidente electo Luis Abinader, si le recomiendo leer la Ley Orgánica del Ministerio Público, la 133-11, antes de nombrar al nuevo Procurador General de la República; se percatará de que es independiente y de cómo ha avanzado el organismo del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, que dirige la investigación penal y la ejerce en representación de la sociedad.

Desde el 2011, goza de autonomía funcional, presupuestaria y administrativa. Anualmente tiene una asignación individualizada en el Presupuesto General del Estado, cuyos recursos administra con total autonomía, sin perjuicio de los controles externos del gasto publico establecido en la Constitución.

El principal objetivo alcanzado por el ministerio publico tras nueve años de aplicación de la ley, ha sido el establecimiento de un sistema de carrera que garantiza la inamovilidad de los fiscales, quienes permanecen en sus puestos hasta cumplir 75 años. El presidente de la Republica solo puede nombrar al Procurador General y a la mitad de los procuradores adjuntos, pues la otra mitad, y todos los fiscales del país, la designa el Consejo Superior del Poder Judicial, el órgano rector.

El mandatario electo debería ojear los principios rectores del ministerio público, que son: legalidad, oportunidad, objetividad, respeto a las víctimas, independencia, inamovilidad, probidad, responsabilidad, exclusividad, indivisibilidad, unidad de actuaciones, de jerarquía y de apoliticidad.

De todos, el principio de independencia -articulo 17- es determinante; reza: “El Ministerio Público desarrollará sus atribuciones con independencia funcional de los demás órganos del Estado, a los cuales no estará subordinado; en consecuencia, no podrá ser impelido, coartado u obstaculizado por ninguna otra autoridad, con excepción de jueces y Tribunales de Justicia.

Su independencia la consagra la Constitución y la ley orgánica.