Luis Amiama Tió, quien para abril de 1967 era secretario de Estado de Interior y Policía, al parecer cayó en una trampa cuando declaró a un militar que suponía de su confianza que esperaba a que Antonio Imbert Barreras se recuperara de un atentado que había sufrido y que “se calmaran los rumores” “para poner el plan en marcha”.
Los detalles del encuentro, que se produjo en la casa de Amiama, figuran en un informe del general de brigada Ramón A. Soto Echavarría, jefe de la Policía Nacional, al secretario de las Fuerzas Armadas, Enrique Pérez y Pérez. Está fechado el 25 de abril y solo parece confirmar que Amiama era el cabecilla de un complot para derrocar el Gobierno, conocido ya por el Presidente y los altos mandos castrenses, pues Soto invita a Pérez y Pérez a fijar su atención en otro memorándum del día 20.
El aludido documento podría ser el que envió Rafael A. A. Matías Boves, aspirante a cadete, al “Oficial S-2”, pues coincide con esa fecha. En este se ofrecen detalles más amplios de la supuesta trama.
En el enunciado del primer informe se resume que el sargento Pedro José Lantigua Bravo, de la Marina de Guerra y asignado al Cuerpo de Ayudantes Militares de “Su Excelencia”, visitó la residencia de Amiama Tio y le dijo que las armas eran pocas para la cantidad de personas que le apoyaban. Que le consiguiera más. Parece que Amiama contaba con la participación de Imbert Barreras para el mencionado complot.
Esa es la esencia del reporte que, además, participa a Pérez y Pérez que “a su agente “DZ-2” le denunció el señor Ramón Herminio Nolasco de Jesús, que en compañía del sargento mayor Pedro José Lantigua Bravo visitaron la residencia del Secretario de Estado de Interior y Policía, y que para hacerlo entraron por la parte trasera donde lo recibió el funcionario y que entre la conversación que sostuvieron, el aludido sargento mayor le dijo a Amiama lo de las armas, contestándole este que esperara que se calmaran los rumores y que Antonio Imbert Barrera se restableciera para poner el plan en marcha. “Entonces sostuvieron una conversación en privado”, no pudiendo el informante determinar sobre qué versó. Además, “que el mencionado alistado está en contacto con el Dr. Tavaré (sic) Álvarez Pereyra”.
Tabaré Álvarez Pereyra fue quien ocultó a Amiama después del ajusticiamiento de Trujillo.
Esta documentación no solo está dirigida a confirmar la presunta trama sino a delatar a Lantigua Bravo como cómplice.
Se ofrecen las generales del informante que acompañó al sargento ese 22 de abril a las 7:45 de la noche.
El informe del 20 de ese mes da cuenta de que Matías Boves se reunió el 19 con el excadete Víctor Ferrera Ferrera, en su casa, momentos después de que concluyera un encuentro entre este “y otros elementos del mismo movimiento en un lugar que no conozco pues, aunque fui invitado, ellos tuvieron que realizarlo antes de la hora que me habían señalado. Donde Ferrera estaba Rubén Santana”, anota.
Matías Boves les consultó sobre el plan para poder “explicarle a los futuros adectos (sic) y ellos le informaron que en la trama no solo participarían “los elementos que lucharon en la Revolución de Abril sino altos jerarcas de las Fuerzas Armadas” y funcionarios importantes del Gobierno.
“El movimiento lleva como curso el derrocamiento del Gobierno mediante un Golpe de Estado y los encargados de apoderarse del poder inmediatamente son: el secretario de Interior y Policía, el cual cuenta con el apoyo de la casi totalidad del personal oficial, clases y alistados de esta institución”, dice.
Pero el excadete Ferrera le aseguró a Rafael Matías que Amiama era solo un instrumento de los funcionarios y militares “pues tan pronto ocurra el golpe ellos darán una especie de contragolpe para evitar que se apodere del poder absolutamente”.
Añade que Imbert estaba fuera de actividad debido a su convalecencia.
Según el informe, los militares activos con que contaba Amiama estaban mayormente en la Policía y anota entre estos al “excoronel Mura González, el cual tiene aproximadamente 12 compañías completas bajo su dominio”.
En la Fuerza Aérea tendría “al general Albizu y un grupo de pilotos, los cuales serán los encargados de iniciar el movimiento junto con la Policía”.
En la Marina de Guerra dice que lo respaldarían “los coroneles Cintrón Romero y San Terré; así como “el alférez Vargas Luna, Marte y otros que son de menor jerarquía que luego me irán presentando”, afirma el aspirante a cadete.
“Me informaron que andan buscando al capitán Polanco para hacerle no sé qué cosa pues es muy molestoso y chivato. Vi en un papel donde tenían anotado su dirección y color del carro”, datos que ofrece en el reporte.
Matías promete más información pues le darían “un plan de trabajo” para que adiestrara y conquistara más simpatizantes, anuncia.
Concluye: “Quedamos que cuando vaya a ocurrir cualquier “meneo” él me llamará a la Escuela diciéndome que tengo un familiar enfermo para que no me agarre (el complot) aquí adentro”. El informe de Matías está escrito en papel timbrado de la Escuela Militar con base en San Isidro.
Los yanquis y Balaguer.- El 6 de marzo, el primer teniente Serapio Jiménez Castro, comandante del destacamento de la policía en el Ingenio Consuelo, escribió un Informe Confidencial al jefe de la policía, denunciando que en cuatro o cinco meses los norteamericanos eliminarían físicamente a Balaguer según le informó el síndico de San Pedro de Macorís, David Escotto Veloz, en el bar “Danubio Azul” de esa localidad.
Anota el alcalde que los Estados Unidos consideraban que los representantes de Balaguer fuera del país “lo estaban hundiendo” y por eso le habían suspendido dos millones de dólares que le darían como ayuda ya que desconfiaban de él porque se disponía atacar el latifundio. Por tanto, “le harán como a Trujillo”, le manifestó.
Serapio consignó que Escoto Veloz le aseguró que todo quedaría bien porque “los yanquis de inmediato echarían a correr millones y más millones de dólares y todo se apaciguará”. Que a Balaguer le sucedería el expresidente provisional Héctor García Godoy, “el hombre en que los americanos habían depositado su confianza”.
Ante estas denuncias, fichadas como “Actividades Revolucionarias y/o subversivas”, arreció la represión balaguerista. Fueron múltiples los allanamientos en busca de armas y los militares dan cuenta de hallazgos de verdaderos arsenales.
En algunos cundió el pánico. Moradores de Miches enviaron una carta a Balaguer aclarando que no eran comunistas como aparecía en una lista y el teniente coronel Bolívar Belliard Sarubi los investigó y testificó que tenían razón, por lo que los dejaron en paz.
Quien no tuvo suerte fue el negociante Ramón Carlos Pérez León, radicado en Santiago. El raso Francisco Antonio Castillo Féliz P. lo llevó preso porque en estado de embriaguez vociferó en la calle 30 de Marzo: “¡Este Gobierno es un come mierda!”.