El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva se dispone a presentar una propuesta para crear una nueva fuerza policial encargada de la protección de los palacios de la capital, anunció el ministro de Justicia, Flávio Dino, en una entrevista publicada este jueves.

El nuevo cuerpo se llamará “Guarda Nacional” y estará encargado de evitar situaciones como los ataques perpetrados el 8 de enero por miles de bolsonaristas contra las sedes del Gobierno, del Parlamento y del Tribunal Supremo, en un intento de derrocar a Lula.

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La Guardia Nacional sustituirá a la Fuerza Nacional, un grupo de élite formado por agentes de los cuerpos de Policía de los estados, que solo se reúne de forma temporal para ciertas misiones.

En una entrevista a la Empresa Brasil de Comunicación, que aglutina los medios públicos, Dino dijo que Lula pretende “corregir el error” de que la seguridad de los palacios de las instituciones del Estado esté a cargo del gobernador de la capital.

“Será una institución dedicada a la seguridad de las áreas cívicas, pero podrá actuar en áreas de frontera, territorios indígenas y unidades de conservación” medioambiental, adelantó Dino.

Hasta ahora, la seguridad del centro de Brasilia dependía de la Policía Militar de la capital, que está siendo investigada por su supuesta omisión en el día de los ataques contra las instituciones.

Tras los ataques, Lula ordenó la intervención de los órganos de seguridad de Brasilia, mientras que el Tribunal Supremo apartó de sus funciones al gobernador de la capital, Ibaneis Rocha, aliado del expresidente Jair Bolsonaro.

La Corte Suprema también ordenó la detención del secretario de Seguridad de la capital, Anderson Torres, quien fue ministro de Justicia de Bolsonaro.

En la seguridad del palacio presidencial de Planalto también participa el Gabinete de Seguridad Institucional, órgano que depende del Ejército.

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Desde los ataques del 8 de enero, Lula ha cesado a varios miembros de ese organismo que fueron nombrados durante la gestión de Bolsonaro, quien también es investigado por el Supremo para averiguar si instigó a sus seguidores para que perpetrasen los ataques.

El 8 de enero, miles de bolsonaristas radicales invadieron y causaron cuantiosos destrozos en las sedes del Congreso Nacional, el Tribunal Supremo y el palacio de Planalto, para tratar de derrocar a Lula, quien asumió el poder el 1 de enero.

Cerca de 1.800 personas fueron detenidas por los asaltos, aunque cerca de la mitad podrá responder a la Justicia en libertad, usando tobilleras electrónicas.