Sao Paulo.- Los abogados del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, imputado hoy por la Fiscalía por corrupción y lavado de dinero, calificaron la acusación como “un deplorable espectáculo de verborragia” en el que no fue presentado ninguna prueba contra el ex jefe de Estado.

De acuerdo con sus defensores, Lula y su esposa, Marisa Leticia, también incluida en la denuncia, repudian públicamente la acusación por estar “basada en piezas de inconsistencia cristalina” y tener motivaciones políticas.

“El fiscal señaló a Lula como maestro de una organización (criminal) pero no presentó pruebas de ningún crimen. Fue una farsa en la que no fue presentado un único acto (ilegal) practicado por Lula ni una prueba. Hicieron una exhaustiva investigación de la vida de Lula y, como no encontraron nada, optaron por hacer un discurso farsesco”, dijo el abogado Cristiano Zanin Martins en una rueda de prensa.

La defensa subrayó que la denuncia contra Lula por corrupción activa, corrupción pasiva y lavado de dinero responde a una “real intención de querer apartar al expresidente del escenario electoral» de 2018, fecha en la que están previstos los próximos comicios presidenciales.

Zanin Martins señaló que, por lo que ha podido saber hasta el momento, no fue realizado ningún pedido de prisión contra el expresidente, aunque precisó “que no se sorprendería con ningún tipo de conducta” por parte de las autoridades.

El abogado también explicó que, a nivel internacional, “no se puede acceder a varias instancias de manera simultánea” y, por ello, esperarán primero una respuesta de del Comité de Derechos Humanos de la ONU, donde la defensa denunció una “persecución judicial” contra Lula.

“Presentamos un comunicado ante la ONU, proseguimos con ese comunicado y estamos ante la expectativa de que sea admitido y que esas violaciones (contra Lula) sean reconocidas por esa instancia”, declaró el abogado.

La defensa consideró que, desde el punto de vista jurídico, no hay “justa causa” para que la denuncia pueda ser aceptada por el juez Sergio Moro, responsable de las investigaciones, pero recalcó que en Brasil hay “un histórico de juicios anticipados».