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La mejora de calificación crediticia lograda por República Dominicana a juicio de la agencia Standard and Poor´s, líder mundial en medición de riesgos, surge tras estar su economía bajo sensibles golpes de factores externos y sorpresivos, con énfasis en el lapso 2019-2021, que trastornaron a profundidad las agendas con apelación al endeudamiento.
Aunque la apreciación se basa, mayormente, en índices y resultados palpables con anterioridad a nivel nacional, favorece que desde los entes especializados y de influencia global se reconozca la recuperación con tasa alta del crecimiento, proyectada para largo plazo, y la capacidad local para lidiar con adversidades que recorren el mundo.
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Standard and Poor´s considera que la economía dominicana ha sido bien manejada por el Gobierno, algo que localmente no halla mucho reconocimiento; y aun más: la severidad de los perjuicios provenientes de la pandemia, ahora reforzados por la invasión criminal a Ucrania, han sido manejados con oportunismo político para descalificar en extremos el manejo del Estado a dos años de las elecciones. Ni tanto ni tampoco.
No todo lo que sostiene la agencia calificadora es para celebrar, aunque en síntesis resulte alentador pues el país está obligado, y no se actúa en consecuencia, a aplicar reformas estructurales en el orden fiscal y en su costoso y deficitario sector eléctrico que se traga cuantiosos recursos presupuestales debilitando la inversión pública. Sigue lamentándose el que, por miedo al imaginario «costo político», no haya reformas.
