Hay que celebrar que el alevoso paro de docencia por 48 horas convocado por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), filial Santiago, se haya cumplido solo de manera parcial, que no todos los maestros estuvieran de acuerdo en dejar de cumplir con la responsabilidad que tienen frente a sus estudiantes para reclamar la designación de 300 nuevos docentes, y la contratación de personal administrativo, de seguridad y conserjes.

No puede dudarse que la politiquería, que hace tiempo tomó por asalto, con la complacencia de sus dirigentes, el sindicato más grande del país, esté detrás de ese nuevo atentado contra la maltrecha educación pública dominicana, que se resiente de la falta de compromiso de los maestros, sin los cuales no es posible hablar de mejorías o avances significativos en su calidad.

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Efectivamente. Ayer el Ministro de Educación, Ángel Hernández, afirmó que la paralización de Santiago es parte de un plan que ya provocó pérdida de docencia en Moca, Azua y Villa Altagracia, entre otras comunidades, por lo que tiene un claro matiz político.

El funcionario pidió el concurso de los padres para que presionen a los maestros y les exijan un mayor compromiso con los buenos resultados educativos de sus hijos, ya que las constantes paralizaciones de docencia contribuyen al deterioro de la calidad de los aprendizajes de los niños.

Pero si eso realmente importara al gremio magisterial y a quienes lo dirigen desde una trinchera política no habría la necesidad de pedirle a los padres que se lo recuerden, un esfuerzo tan inútil como frustratorio que, a decir verdad, no les corresponde sino al Estado dominicano, léase el Ministerio de Educación. Cuyos incumbentes, es el momento de recordarlo, nunca han querido aplicar el remedio más apropiado a los recurrentes y odiosos paros de los maestros, a pesar de tratarse de una decisión simple, justa, y de ñapa legítima, que el país entero aplaudiría gustoso: no pagarle a los que no trabajen.