“Abel promete acabar mafia que trafica con haitianos”. Se lee de manera fácil y rápido y, por supuesto, todos quisiéramos que el candidato presidencial del PLD pueda cumplir su promesa de campaña, pero no hay que conocer las entrañas de ese vil negocio, que opera de ambos lados de la frontera, para saber que no será fácil desmontar esas estructuras criminales, que simplemente dan respuesta a una demanda permanente y creciente.

Durante su participación, el pasado miércoles, en el espacio “Las Propuestas de los Candidatos. Voto 2024” del Grupo de Comunicaciones Corripio, Abel Martínez reveló que los que operan esa mafia cobran entre RD$17,000 y RD$50,000 por cada haitiano que traen a República Dominicana, y aunque también aludió a la “mafia” en la venta de visas a ciudadanos haitianos a través de los distintos consulados, no entró en detalles sobre la forma en que las enfrentaría, probablemente por razones de tiempo.

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Pero cualquiera sabe que si esas “mafias” no contaran con la complicidad de las autoridades responsables de la vigilancia de la línea divisoria no estuviéramos hablando de ese problema, ni tendría las dimensiones de amenaza a la soberanía que tiene al día de hoy. Y ahí es donde radica, precisamente, la dificultad para enfrentar a las redes de trata de ciudadanos haitianos y de otras nacionalidades que ingresan a territorio dominicano a través de la frontera, y eso vale no solo para el candidato Abel Martínez sino también para el presidente Luis Abinader y los presidentes que vendrán detrás, ya que haitianos y dominicanos estamos condenados a compartir esta isla nos guste o no.

Cómo eliminar ese contubernio o reducirlo a su mínima expresión es el gran desafío, y la mejor manera de hacerlo es sancionando con mayor dureza y drasticidad a los que incurran en ese delito, pero también y sobre todo a los que desde la autoridad de un uniforme (sin importar el rango) o la condición de funcionario consular se constituyen en sus socios y cómplices.