Quien tenga las lágrimas hondas que comience a llorar temprano, recomienda la sabiduría popular. Tal cual hay que hacer en lo referente a la campaña de las elecciones municipales y las generales del próximo año.

Y es que este proceso nos encuentra con reformas a las leyes de partidos políticos y de régimen electoral. Sin embargo, a juzgar por lo que pasó antes de la precampaña, el aspiracional de una parte importante de la ciudadanía de campañas más cortas, menos ruidosas y costosas y con menor contaminación visual, seguirá más que pendiente.

Fue apenas el pasado 28 de junio cuando, vía proclama, la Junta Central Electoral (JCE) abrió la precampaña a partir del 2 de julio. No obstante, aquí hace tiempo que se está en proselitismo, tanto así que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) realizó primarias para seleccionar su candidato; la Fuerza del Pueblo ha hecho varias marchas y el Partido Revolucionario Moderno (PRM) diversos actos reeleccionistas.

A esto se agrega la propaganda visual que abunda en calles y carreteras, algunas disimuladas, promoviendo rostros con la invitación a inscribirse en el partido, otras más descaradas haciendo referencia directa a aspiraciones.

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Todas estas actividades violan la Ley de Régimen Electoral, que en su artículo 179 establece que no puede difundirse propaganda electoral ni realizarse acto alguno de campaña electoral fuera del período electoral definido por esta ley.

La proclama de la JCE específica que en la precampaña quedan prohibidos los afiches, vallas, “cruza calles”, y cualquier otro medio de publicidad partidaria, que no se coloque acorde con lo establecido en la ley o en los locales de los partidos, agrupaciones o movimientos políticos. Sí permite reuniones, pero en recintos cerrados.

Pero, si antes de la precampaña se infringieron todas estas disposiciones, ¿Qué nos espera ahora y cuando inicie formalmente la campaña? Definitivamente los augurios son malos.

He cuestionado a dirigentes partidarios sobre esta campaña a destiempo y sus respuestas apuntalan al ejercicio de sus derechos constitucionales de la libertad de expresión y manifestación, y yo me pregunto: ¿No fueron estos mismos partidos que aprobaron esas leyes?

Más bien, aquí queda evidenciado como una parte de la clase política se coloca por encima de las disposiciones legales y cree sólo deben ser para la ciudadanía común.

Empero, las campañas a destiempo, además de violar las leyes, que siempre debe preocupar porque estorba la institucionalidad pendiente, atentan contra la calidad de la política y de la democracia. Las campañas largas son también costosas y alejan del ejercicio político a personas con interés y vocación de servicio, pero que carecen de recursos económicos.

De ahí que sea más que necesario superar estos incumplimientos, que la misma ley de partidos políticos sanciona en su artículo 78, porque son violaciones que encarecen las elecciones y un caldo de cultivo para que el narcotráfico y la corrupción sigan en la política.