La nominación del senador Marco Rubio a la importante posición de secretario de Estado de los EE. UU., jefe de la diplomacia y las relaciones exteriores, definido como un “halcón” en el argot político de esa nación ya que mantiene una línea dura frente a China y a las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela; sin embargo, para satisfacción de los sectores que aspiramos una RD en progreso social y económico, esta designación representa el final de las presiones contra nuestros derechos migratorios.

Rubio nació en Miami, Florida, 53 años, hijo de inmigrantes cubanos (1956), nacionalizados norteamericanos en 1975, estudió en la Universidad de la Florida donde obtuvo su título de abogado, ingresó muy joven en el Partido Republicano, obtuvo en 2000 un escaño en la Cámara de Representantes de la Florida, de la cual fue presidente, el primero hispano y en 2010 fue elegido senador, convirtiéndose en el primer hijo de cubanos en el Senado norteamericano.

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En momentos en que Amnistía Internacional y otras organizaciones con representantes en el país, cuestionaban la política de deportaciones anunciada por el presidente Abinader, salió al ruedo el senador Rubio defendiendo al país: “El presidente Luis Abinader ha dejado claro que protegerá la soberanía dominicana imponiendo las deportaciones. Sin embargo, la administración Biden, influenciada por grupos radicales de izquierda como Amnistía Internacional, están instando a que acepte a tres millones de haitianos en cualquier momento”.

Frente a esas declaraciones, la embajada de EE. UU. en RD aclaró que nunca ha solicitado al gobierno dominicano recibir inmigrantes indocumentados y que respetan la soberanía del país en materia migratoria. Respuesta diplomática. Baste el Informe Anual del Departamento de Estado sobre los Derechos Humanos donde nos cuestionan en materia de violaciones en las deportaciones y también el itinerario estos años de funcionarios de esa área en obvia actitud de presión.

Con el presidente Trump, una de cuyas prioridades es realizar la mayor cantidad de deportaciones de indocumentados en la historia de los EE. UU. y un secretario de Estado defensor de nuestro derecho de actuar en consecuencia, colocan al gobierno de Luis Abinader en una posición muy cómoda para incrementar las deportaciones, trabajar en la frontera para llevar a un mínimo el ingreso de indocumentados y hacer un acuerdo con los empresarios usuarios de mano de obra ilegal, comenzando con su ministro de Agricultura para contratar el mínimo requerido y devolverles a su país cuando concluya la siembra, cosecha o las edificaciones.

La administración de Donald Trump que inicia el 20 de enero de 2025 representa una incertidumbre para el país en materia comercial y obviamente con las deportaciones el gobierno debe tener un “plan B” para los dominicanos repatriados y con mayor razón las medidas enumeradas anteriormente ante el envío de los indocumentados haitianos a su país.

El presidente Luis Abinader tiene la responsabilidad histórica, con el apoyo de las mayorías, al margen de los colores partidarios, de asumir sin presiones foráneas las medidas necesarias para preservar nuestra nacionalidad, idiosincrasia, equilibrio demográfico, paz social y las posibilidades de construir una sociedad más equitativa, sin el riesgo de perder nuestro territorio frente a una etnia antagónica con nuestras raíces e identidad como pueblo pacífico, democrático y legítimo aspirante a construir sin perturbaciones una sociedad prospera.