La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) interrogará hoy a Margarita Melenciano, la miembro del Pleno de la Cámara de Cuentas (CC) que con doce votos disidentes se ha opuesto a la aprobación de igual número de informes de auditorías presentados “sin salvedad”, no obstante los hallazgos de mal manejo de fondos públicos en las instituciones donde se realizaron.

Su reciedumbre y el carácter para enfrentar ese tipo de situaciones le costaron incluso su sustitución como coordinadora de las direcciones de Auditoría y de Análisis Presupuestario del órgano auditor, por supuestas “órdenes de Palacio”.

Para muestra tres botones. Una de esas situaciones difíciles la enfrentó cuando el exministro de Interior y Policía quiso evitar que el pleno remitiera a la Pepca el informe de auditoría practicada a la institución en el período 2011-2014 donde se detectaron “millones de pesos” pagados directamente y sin justificar.

El pleno había aprobado a unanimidad la Resolución AUD-2020-005, y al enterarse el exministro de que el expediente iría a la Pepca, envió una solicitud de “reconsideración” al pleno alegando que supuestamente no le dieron tiempo para revisar el informe y justificar el manejo de los recursos.

La solicitud del funcionario fue presentada en la sesión virtual celebrada por el pleno el 9 de julio del 2020 y Melenciano objetó su conocimiento, no sin antes acusar al director de Auditoría, quien presentó, de desbordar su ámbito de competencia al solicitar un recurso administrativo al Pleno de la Cámara de Cuentas en beneficio de Interior y Policía, en violación al numeral 10 del artículo 3 de la Ley 107-13, según consta en su voto disidente.

Indicó que Interior y Policía pudo impugnar la Resolución en el Pleno “y si el recurso de reconsideración no fuera resuelto dentro del plazo fijado por ley, podía reputarlo como denegado tácitamente e interponer a su opción el recurso jerárquico, si procede, o el contencioso administrativo, sin plazo preclusivo”.

Melenciano recordó que las actuaciones u omisiones de los funcionarios y servidores públicos comprometen su responsabilidad civil, en caso de producir daño. “Es decir, que el Ministerio de Interior y Policía podría accionar en responsabilidad patrimonial contra el Estado”, puntualizó.

La Armada. Con el informe de auditoría realizada a los estados de ejecución presupuestaria de la Armada de República Dominicana (ARD) Melenciano también se vio enfrentada a los demás miembros del pleno.

Y es que el mismo también fue presentado “sin salvedad” no obstante los hallazgos consignados en el acta de salida del campo de la auditoría e incluidos en la carta a la gerencia.

Esos hallazgos incluyen erogaciones por un monto de RD$16,999,484 para especialismo de personas que no figuran en la nómina de la institución; y valores emitidos a favor de empleados y no directamente al proveedor.

También diferencia entre monto pagado y monto transferido por raciones alimenticias por valor de RD$6,603,474; y pago de RD$2,644,115 a Lisanga SRL por concepto de equipos de informática, sin que el bien contratado haya sido recibido oportunamente, entre otras violaciones a la ley.

La auditoría abarcó el período comprendido entre enero del 2016 a diciembre del 2017.
En su voto disidente concluye diciendo que la colocación de esos hallazgos en la carta a la gerencia fue lo que posibilitó que la Dirección de Auditoría “calificara el presente informe con una opinión sin salvedad”.

Trascendió que por el informe “sin salvedad” las autoridades de la institución auditada habrían pagado RD$7 millones de sobornos.

Ministerio de Hacienda. Es otra de las instituciones donde los hallazgos de la auditoría practicada al período 2017-2018 tampoco fueron considerados por los auditores ni el Pleno de la Cámara como violación a la normativa para el buen uso de los recursos públicos.

De entrada, indicó que de acuerdo con el informe de los técnicos, Hacienda carece de estados financieros correspondientes a los períodos contables 2017-2018 que revelen la situación patrimonial y resultado económico de la gestión, lo que constituye una violación a la Ley 126-01 que crea la Dirección general de Contabilidad Gubernamental.

Señaló que los ingresos obtenidos durante el 2017 por concepto de arrendamiento de cafetería ascendentes a RD$2,127,315, no fueron depositados en la Cuenta única del Tesoro.

También, que en la nómina fueron identificados 9 empleados que igual se encontraban en las nóminas de otras entidades del Estado, por los cuales Hacienda erogó en el período señalado RD$3,137,348 por concepto de salarios.

Se determinó además que Hacienda no retuvo el 5% del Impuesto sobre la Renta a la ARS Humano de la factura por RD$597,822 del 14 de diciembre del 2017, ni tampoco retuvo ni el impuesto correspondiente a retribuciones complementarias (seguro médico internacional a 27 funcionarios) por un total de RD$5,187,642 con la misma ARS.

Se pagaron RD$158,450 por cuenta de combustibles a personal que no figuran en la nómina de Hacienda ni en sus dependencias; y se efectuaron pagos de ITBIS a Romana Industrial por un valor de RD$3,248,166, el cual excede el 18% del 10% del subtotal como los establece la normativa, generando que se retuviera un valor superior a los RD$974,45.

Otras irregularidades en el uso de los recursos públicos detectadas en Hacienda y no consideradas como tales en el informe de auditoría aprobado por el pleno con el voto disidente de Melenciano fueron, contrataciones de reparaciones y mantenimiento de flotillas de vehículos sin procedimiento de selección; nueve contrataciones de Consultoría, sin elaborar los términos de referencia correspondiente, entre otros.

Melenciano explica que de acuerdo con la ley, la opinión “sin salvedad” en una auditoría gubernamental “se emite cuando el auditor obtiene la evidencia suficiente y competente que le permite satisfacer plenamente la razonabilidad de las cifras incluidas en los estados financieros, y su elaboración conforme a principios y normas de la contabilidad generalmente aceptadas, aplicadas sobre base consistentes con los año anteriores (principios de consistencias”.

Otros informes de auditorías “sin salvedad” aprobados por el Pleno de la Cámara de Cuentas con el voto disidente y razonado de Melenciano, corresponden a las informaciones financieras incluidas en los Estados de Ejecución Presupuestaria del Ejército Nacional; los ministerios de Defensa y de Hacienda; de la OMS, Procuraduría General de la República; el cabildo de Baní.

También disintió de la Resolución mediante la cual el Pleno de la Cámara de Cuentas aprobó el informe sobre 17 auditorías de firmas privadas a instituciones públicas.

En cada uno de sus votos disidentes explica que la opinión “sin salvedad” en una auditoría gubernamental “se emite cuando el auditor obtiene la evidencia suficiente y competente que le permite satisfacer plenamente la razonabilidad de las cifras incluidas en los estados financieros, y su elaboración conforme a principios y normas de la contabilidad generalmente aceptadas, aplicadas sobre base consistentes con los año anteriores principios de consistencias”.

Quién es Margarita Melenciano. Es contadora y abogada. Fue escogida por el Senado de la República como miembro de la CC a raíz de la renuncia del exvicepresidente del organismo Pablo Domingo del Rosario.

En su carrera profesional ha sido funcionaria en instituciones públicas y descentralizadas del Gobierno. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) ocupó los cargos de Auditor y Tesorera; en la Junta Central Electoral (JCE) y en el Servicio Nacional de Salud (Senasa) se desempeñó como Contralora; y en el Ministerio de Salud Pública fue Fiscalizadora.