República Dominicana no escapa a cuestionamientos, internos y externos, sobre la falta de límites razonables y sentido de austeridad al crear empleos a costa del Erario y de las gruesas finanzas de entes públicos descentralizados que administran servicios y bienes de la nación escasamente sometidos a restricciones sobre la asignación de puestos y niveles de sueldos con adición de beneficios extras que contrastan con la precariedad de remuneraciones de amplios sectores.

El nuevo ministro de Educación, Ángel Hernández, expresó recientemente su interés de despolitizar a esa cartera «si se lo permiten», sin identificar las voluntades superiores a sus facultades que lo impedirían y que desde luego no podrían estar fuera del Gobierno ni del partido en el poder.

Parecería en desventaja para su propósito de romper el esquema de «prioridades partidarias» que parece inmutable y que conducían desde antes de su llegada al gabinete a una selección de personal inapropiada para los objetivos de la cartera.

A la cabeza de los liderazgos sectoriales que impugnan las tendencia a extender innecesariamente el tamaño del llamado «tren administrativo» han estado dirigencias de organizaciones políticas que heredan colas que les pisen por tales excesos cuando estuvieron en el poder; además de gremios profesionales importantes que critican los criterios aplicados para despedir y contratar personal.

La Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, ANPA, se mantiene en permanente reclamo por la reposición de 700 técnicos y agrónomos cancelados de distintas instituciones del sector agropecuario «sin justificación», trascendiendo la intención de reservar cupos para una cantidad de empleados nuevos, lo que podría causar interrupciones en el seguimiento a programas de apoyo a la producción en el campo que tanta falta hace. El capítulo de funcionarios no especializados suele estar más poblado que el de técnicos eficientemente disponibles.

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Recientemente el Colegio Médico Dominicano denunció cancelaciones en los hospitales públicos aunque las nóminas de algunos establecimientos de la red son denunciadas como súper numerarias por presiones de activistas sedientos de áreas en las que no se necesita ser profesional de la medicina ni de la enfermería para cobrar. Predomina en este momento una enconada relación de los colegiados con las autoridades de Salud con alegatos de deterioro en el funcionamiento de los centros de salud porque no siempre se llega a las plazas demostrando capacidad y los gobiernos siempre han tenido muy buena voluntad para sus activistas que quieren ingresar al presupuesto.

Crecer y crecer

El número de servidores públicos habría aumentado, según el Partido de la Liberación Dominicana, de 391,251 en julio del 2020 a 415,560 en julio de este año, lo que en su cálculo significa un aumento de RD$3,298 millones en gastos fijos por servicios prestados aunque de ordinario los registros apartados de la visibilidad contable de departamentos oficiales que expiden pagos, además de las famosas nominillas, hacen difícil establecer la real dimensión del gigantesco Estado dominicano inclinado a contar con personas a su servicio o cobrando sin servir.

La medición de las que llaman «botellas» en la era del PRM divulgada por el PLD (cuña del mismo palo) se aproxima en ritmo y porcentaje a otros confiables conteos independientes como el divulgado por la organización internacional Oxfam que llegó a la conclusión de que el sector público dominicano crece 5.2 % cada año, 2.8 veces más que el empleo conjunto en el resto de los sectores.

Aunque la proporción del crecimiento de la burocracia debe haber cambiado como ocurre cada vez que un partido sube al poder y otro baja, en vísperas de la llegada del Partido Revolucionario Moderno al gobierno la cantidad de empleados públicos por cada millón de habitantes era de 38.6% ,mayor que la media de quince países de Latinoamérica.

Las estadísticas consolidadas de la Tesorería de la Seguridad Social que incluyen las alcaldías, el sector público financiero, el de generación de energía y el de entidades descentralizadas, indican que en poco más de un año se sumaron al tren gubernamental 12,048 servidores. La que no se expandió fue la necesidad de tener a tanta gente más.

Consta en cifras medianamente oficiales pero confiables que en agosto del 2020 había, mal contados seguramente, 603,204 empleados en el gobierno central que en pocos meses después se convirtieron en 615,252. Más gastos de personal sin someterse a la regla constitucional de que los gobernantes tienen que identificar las fuentes de recursos que sufragarán presupuestalmente gastos adicionales.

En datos obtenidos en el Sistema de Administración de Servidores Públicos se pudo encontrar que en algunas instituciones la cantidad de empleados casi se duplicó, y en otras aunque el número de los receptores de pagos aparecía disminuido, el monto destinado al salario se había incrementado significativamente. El nacimiento de sueldos engrosados a base de despidos para que fueran menos los beneficiarios pero con billeteras mejor abastecidas.

Paso de tortuga

Un blog del Banco Interamericano de Desarrollo refleja un mal de toda la región a que pertenece República Dominicana que se traduce en que muchos ciudadanos tienen que someterse a filas interminables cuando buscan un servicio público, lo que en ocasiones deriva en tener que hacer pagos «por la izquierda» a los propios funcionarios para agilizar procesos.

Un informe del propio BID titulado «El fin del trámite eterno» expone que «la complejidad de los trámites burocráticos es un fenómeno demasiado extendido en América Latina y cita el resultado de una encuesta aplicada por la entidad sin fines de lucro Latinobarómetro sobre la experiencia de los usuarios en oficinas de los Estados. Aunque no ofrece cifras de las opiniones captadas clasificó a los entrevistados en tres categorías: «los que sufren, los que pagan y los que tiran la toalla».

Pero además se llegó a la conclusión de que la complejidad de la burocracia de esta parte del mundo se traduce en que en promedio «los ciudadanos latinoamericanos necesitan 5.4 horas para completar un trámite en la administración pública». La diferencia entre países son notables: en Bolivia la penitencia dura más de 11 horas y media y en el Chile el mismo trámite consume algo más de dos horas. La idiosincrasia chilena tiene sello europeo.