La preocupación por la reciente aprobación en el Senado de la República de una modificación a la Ley 255-20 de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos continúa de manifiesto por parte gremios que representan al sector empresarial, los cuales aseguran que esa decisión fue realizada por parte de esa cámara legislativa sin un proceso adecuado de consulta pública ni una representación equitativa en la discusiones, por parte de de los sectores productivos.

Tanto la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme) y la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (Ecored) sostienen que la modificación fue aprobada con la ausencia de voces clave, como las del Ministerio de Medio Ambiente, el Fideicomiso Público-Privado DO Sostenible y las organizaciones empresariales, refleja una falta de inclusión que pone en riesgo los principios de gobernanza, sostenibilidad y participación que sustentan esa ley.

Codopyme entiende que antes de considerar reformas de esa naturaleza, es necesario priorizar la correcta implementación de los aspectos pendientes y garantizar que las modificaciones reflejen un equilibrio entre las demandas ambientales y las capacidades económicas de los sectores productivos, especialmente las mipymes.

Lamenta que las modificaciones propuestas, que contemplan incrementos desproporcionados en la contribución especial de hasta un 3,750%, generan serias preocupaciones para las micros, pequeñas y medianas empresas, que representan la columna vertebral de la economía nacional”.

“Estas cargas adicionales no solo reducirían su competitividad, sino, que también afectarían la capacidad para sostener empleos y contribuir al desarrollo económico, en un momento de grandes desafíos para la República Dominicana”, argumenta.

Mientras, Ecored expresa que la reforma afectará “gravemente” la sostenibilidad y la gestión integral de residuos y tendrá un impacto significativo en las empresas, especialmente en las mipymes.

Sostiene que la Ley 225-20, promulgada en 2020, es producto de un amplio consenso entre los sectores público y privado, al enfatizar que antes de considerar cambios, es crucial implementar los aspectos pendientes de la normativa vigente.

Además, califica la reforma como un retroceso a los esfuerzos de más de una década por desarrollar capacidades para la gestión y valorización de residuos sólidos en el país.