Más de 129.000 haitianos abandonaron República Dominicana en los últimos cinco meses, algunos de ellos repatriados de manera forzosa, debido a que no cumplieron los trámites para obtener permiso de residencia.

La Dirección de Migración indicó en un informe que desde agosto cerca de 16.000 inmigrantes haitianos fueron repatriados por esa institución, mientras que más de 113.000, incluidos 23.000 menores de edad, se fueron de manera voluntaria.

El gobierno dominicano reinició en agosto las deportaciones de inmigrantes sin permiso de residencia, luego de que en junio había concluido un programa especial que duró un año para que los extranjeros regularizaran su estatus.

Al término del denominado plan de regularización de extranjeros, 288.466 de los más de 524.000 inmigrantes que se estima viven en el país, en su mayoría haitianos, se habían inscrito para obtener un permiso de estancia y trabajo en el país.

El Ministerio de Interior advirtió que los extranjeros que no contaran con permiso de residencia tenían que abandonar el territorio dominicano o serían detenidos y deportados.

De quienes lograron registrarse tras hacer largas filas e incluso dormir afueran de las oficinas de inscripción, sólo unos 240.000 cumplieron todos los requisitos, dijo a The Associated Press el viceministro de Interior Washington González, quien dirigió el plan.

Precisó que hasta enero, 188.000 inmigrantes ya habían recibido sus nuevas credenciales migratorias y podían permanecer y trabajar en el país, mientras que los restantes 52.000 aún no pasaban por las oficinas a recoger sus carnés.

Luego de concluido el registro del plan de regularización, el gobierno dispuso junio pasado de varios autobuses para trasladar hasta la fronteriza con Haití a los inmigrantes que se quisieran ir de manera voluntaria y agosto comenzó los operativos para detener y repatriar a extranjeros.

El gobierno de Haití insistió en varias ocasiones que las repatriaciones migrantes le provocaría una eventual crisis humanitaria.

El plan de regularización fue puesto en marcha en 2014 con 10 años de retraso desde que fue establecido por la ley de migración.

Su aplicación comenzó luego de que el Tribunal Constitucional así lo ordenó en una polémica sentencia en la que también ordenó abrir juicios individuales para anular la nacionalidad a los hijos de inmigrantes que no tuviese permiso de residencia, afectado a miles de personas de ascendencia haitiana.