El Estado dominicano ha permanecido bajo el control de diferentes banderías partidarias que han ido y venido en los últimos 63 años y sobre todas ellas recaen distintas cuotas de responsabilidad porque el país ha carecido en todo este trayecto de un abastecimiento de electricidad con estabilidad y suficiencia para los usuarios y con solvencia para cubrir costos para que hace tiempo cesara la intensa erosión que causan a las finanzas públicas unas ineficiencias que parecen adueñadas ad infinitum del sistema. Han sido copartícipes durante más de medio siglo y en coincidencia con el restablecimiento de la democracia, de una frustratoria relación con la sociedad basada en gestiones inconexas, sin continuidad en planes de expansión y con inversiones sin visión de futuro; con desprecio a los mantenimientos esenciales para alargar la vida útil de las unidades de generación y redes y descuidando, como ningún otro país del mundo, cubrir costos a través de los cobros por servicio; tolerando que barrios enteros estén electrificados sin formales conexiones para responder por los consumos; con clientes de todos los niveles económicos apelando a fraudes no combatidos eficientemente.
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La inacción ante centenares de miles de defraudadores, que para los políticos no dejan de ser votantes, tiene a entes de poder lejos de buscar una verdadera solución a la calamidad eléctrica. Sofismas, excusas y promesas con interminables plazos incumplidos sumen a usuarios en suficiente descreimiento como para no ilusionarse más.