El proyecto de ley de reforma fiscal que el Gobierno declaró abierto a objeciones quedará evidentemente expuesto a una severa disección ante la opinión pública tras preludios de rechazos a sus alcances emitidos por la representación de sectores productivos y críticos profesionales con el triste augurio de los convencimientos de que el texto que llegó al Congreso no corregiría déficits, no generaría ahorros significativos al Estado y no conduciría hacia una reducción del endeudamiento a mediano plazo. El ministro de Hacienda, Jochy Vicente, tendría sus razones para admitir la posibilidad de en el diseño de cambios se incurriera en «errores garrafales» a enmendar y en busca de ellos se anda desde un principio al no tener explicación el que en sus perfiles el paquete se dirija a encarecer costos de funciones económicas afectando la competitividad de lo que ya han hablado contundentemente los ámbitos de turismo, zonas francas e industrias convenciones hasta ahora motores del crecimiento, la creación de empleos y atracción de inversiones.
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No convence que el Gobierno se proponga recaudar RD$122,000 millones más al tiempo de marchar hacia un aumento del gasto que superará los RD$110,000 millones acercándose a un próximo año en el que indefectiblemente le faltarán RD$235,910 millones para cuadrar sus finanzas. No hay real seguridad de que las fusiones reduzcan presupuestos y mucho menos que en un lapso prudente disminuya el peso enorme de la deuda pública.