Hasta el día de ayer estaba convencido de que los muertos en intercambios de disparos, que este año se han cobrado la vida de más de 50 “reconocidos delincuentes” a los que no se les permitió demostrar lo contrario en un tribunal de justicia, no le importan a ninguna autoridad, a pesar de que vivimos en un estado de Derecho que obliga a garantizar la vida como valor supremo y no existe la pena de muerte.

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Poniendo por delante la conocida expresión de que más vale tarde que nunca debo reconocer que me sorprendió leer que el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, no solo cuestiona y critica la gran cantidad de personas que mueren en esos intercambios sino que le envió una carta al Director de la Policía Nacional, el mayor general Ramón Antonio Guzmán, a quien le solicitó un informe pormenorizado sobre las personas fallecidas bajo esa “práctica inconstitucional”, recordándole que la ley orgánica de esa institución incluye entre sus principios fundamentales la actuación proporcional, por lo que el uso de la fuerza solo será lícita como última opción. Y citó, a modo de ejemplo, la muerte de un adolescente en Sabana Grande de Boyá a manos de un agente policial que disparó a lo loco mientras perseguía a un supuesto delincuente.

¿Atenderá el Director de la Policía la petición del Defensor del Pueblo? Lo ideal sería que así fuera, que no solo entregara el informe que le ha solicitado sino que también reduzca las muertes en esos supuestos intercambios, que luego nadie se ocupa de investigar. Si algo así ocurriera sería una gran cosa, pero seríamos otro país. Solo basta recordar la agresión que recibió de una coronela de la Policía con malas pulgas cuando realizaba una inspección al Canódromo para verificar in situ, acompañado de un grupo de periodistas, denuncias que había recibido. De todas maneras hay que decir que se agradece su preocupación, pero también que será muy difícil detener los infames intercambios de disparos mientras tanta gente los aplauda y celebre.