Stephany Rosario 
Stephany Rosario
Las contrataciones públicas son esenciales para el desarrollo del país, pero su complejidad y la multiplicidad de actores involucrados pueden generar conflictos. Estos desacuerdos, si no se manejan adecuadamente, pueden retrasar proyectos, afectar la ejecución del presupuesto y comprometer la transparencia del proceso. Por ello, contar con mecanismos eficaces de resolución de conflictos es fundamental para garantizar la equidad y el cumplimiento de la normativa vigente. La justicia en los procesos de contratación pública debe ser accesible, ágil y especializada para evitar que disputas innecesarias paralicen el desarrollo de iniciativas cruciales para la sociedad.
Los conflictos en los procesos de contratación pública pueden originarse por diversas razones, entre ellas, impugnaciones de adjudicaciones, incumplimientos contractuales y errores en las licitaciones. Muchas veces, los oferentes sienten que sus derechos han sido vulnerados por decisiones que consideran arbitrarias o incorrectas. Asimismo, las instituciones contratantes pueden enfrentar dificultades con proveedores que no cumplen con los términos pactados. Estos problemas, cuando no son abordados con mecanismos adecuados, pueden convertirse en litigios prolongados que afectan la continuidad de los proyectos y la confianza en la administración pública.
Para abordar estos conflictos, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y otras instancias administrativas han establecido procedimientos específicos. El recurso de impugnación permite a los oferentes cuestionar la legalidad de una adjudicación, mientras que los recursos jerárquicos y revisiones administrativas buscan rectificar decisiones en el ámbito interno de la administración. En casos más graves, las denuncias pueden ser elevadas a organismos de control como la Cámara de Cuentas o la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), garantizando así un mayor nivel de escrutinio y supervisión. Sin embargo, estos mecanismos suelen ser engorrosos y prolongados, generando incertidumbre y retrasos que pueden afectar tanto a las partes involucradas como a la ciudadanía que espera la ejecución eficiente de los contratos públicos.
Es aquí donde la mediación y otros métodos alternativos de resolución de conflictos juegan un papel crucial. A diferencia del litigio tradicional, la mediación ofrece una solución más rápida y menos costosa para resolver disputas, fomentando el diálogo entre las partes y permitiendo que lleguen a acuerdos satisfactorios sin necesidad de prolongadas disputas legales. La mediación no solo permite resolver conflictos en menor tiempo, sino que también ayuda a mantener relaciones comerciales saludables entre el Estado y los proveedores, promoviendo una cultura de cooperación y cumplimiento contractual.
En muchos países, la mediación ha demostrado ser un método altamente efectivo para resolver conflictos en el ámbito de las contrataciones públicas. En Canadá, por ejemplo, el sistema de resolución de disputas en la contratación pública incluye la mediación obligatoria antes de recurrir a los tribunales, lo que ha reducido significativamente el tiempo de resolución de conflictos y los costos legales. En el Reino Unido, el Centro de Resolución de Disputas en la Construcción ha sido un referente en la mediación y arbitraje de controversias contractuales, promoviendo la solución de conflictos sin interrumpir el desarrollo de los proyectos. En América Latina, Colombia ha implementado mecanismos de conciliación en sus contrataciones estatales, permitiendo que proveedores y entidades lleguen a acuerdos sin necesidad de litigios prolongados.
Para evitar que estos conflictos lleguen a instancias mayores, es fundamental la implementación de estrategias de prevención. La claridad en los pliegos de condiciones puede reducir significativamente las impugnaciones, mientras que la capacitación continua de funcionarios y oferentes mejora la comprensión de la normativa y disminuye errores en la gestión de los contratos. El uso de tecnología y plataformas digitales contribuye a la transparencia y facilita el acceso a la información en tiempo real. Además, la inclusión de cláusulas de resolución de conflictos en los contratos puede agilizar la solución de disputas sin necesidad de recurrir a procedimientos prolongados.
Dada la necesidad de contar con mecanismos más efectivos y accesibles, se sugiere la creación de un Centro de Resolución de Conflictos de Contrataciones Públicas en la República Dominicana. Este centro podría funcionar como una instancia especializada encargada de mediar en disputas entre oferentes y la administración, ofreciendo soluciones rápidas y equitativas. Además, serviría como un espacio para la capacitación y orientación de los actores del sistema, fomentando una cultura de cumplimiento y buenas prácticas en la gestión de las compras públicas. La implementación de este centro permitiría agilizar la resolución de disputas sin sobrecargar a los tribunales y fortalecería la confianza en el sistema de contratación pública. Se podría tomar como referencia el modelo canadiense y británico para su estructuración, garantizando así un proceso moderno y eficiente.
Un sistema de contratación pública eficiente debe contar con mecanismos de resolución de conflictos accesibles, eficaces y transparentes. La combinación de recursos administrativos, instancias judiciales y métodos alternativos de resolución de disputas permite garantizar la justicia en los procesos, fomentar la confianza en la administración pública y asegurar la correcta ejecución de los contratos. La mediación y la implementación de buenas prácticas pueden reducir significativamente los conflictos, promoviendo contrataciones más equitativas y eficientes. En este sentido, es imperativo que se promueva una legislación que fortalezca la mediación en las contrataciones públicas y que se implemente un centro especializado para garantizar la justicia y equidad en estos procesos.
