El País /Rafael (PEPE) Abreu Presidente de CNUS habla sobre el el Contrato de la Barrick Gold el cual viola la leyes dominicana en asunto laboral, porque no cumplen con el 80% de los trabajadores sean Dominicano, ademas la mayoría que trabajan en dicha empresa son ilegales por no tener un estatus Migratorios.Hoy/José Francisco.19-3-2010
El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael -Pepe-Abreu, dijo ayer que las últimas medidas adoptadas por el covid-19 ponen en peligro la reintegración de 400,000 personas que habían empezado a reincorporarse a sus labores.
“Con las medidas tomadas por la pandemia, que se ha recrudecido, hay sectores que se estaban reactivando y han vuelto hacia atrás”, manifestó.
Expresó que el Estado es el único que está en condiciones de lograr abrir fuentes de trabajo de emergencia en las áreas de construcción, infraestructura, vivienda y agricultura.
Precisó que el Estado asumiría riesgos y debe acudir a préstamos para enfrentar la crisis económica generada por la pandemia.
Expresó que si a los trabajadores informales no se les da respuesta frente al covid-19, éstos forzarán la salida a la calle en busca de subsistencia, lo que podría multiplicar el número de afectados por la pandemia.
Indicó que el país debe evitar que eso ocurre, lo que requiere la unidad y la comprensión de todos los sectores.
Sostuvo que como los informales no tienen de qué vivir toman los riesgos de contagiarse del coronavirus.
Explicó que si el trabajador informal se arriesga a salir a la calle podría perjudicar a su propia familia y a los demás.
Expresó que la extensión del programa social Fondo de Asistencia Solidaria a Empleados (FASE) podría acarrear problemas para los trabajadores.
Expresó que por falta de la cotización en la seguridad social, los trabajadores están perdiendo su seguro de salud.
“Cuando un trabajador pierde su servicio de salud no lo pierde él, sino sus hijos y esposa, no hay cotización al sistema de seguridad social y el sistema de pensiones”, sostuvo.
Consideró que durante el período de la pandemia, el Estado y el sector empleador les han cargado el dado a los trabajadores.
Señaló que en el país se han perdido 150,000 empleos por la pandemia y los trabajadores suspendidos rondan el medio millón.