Pedir en las calles, no asistir a la escuela o incluso delinquir, es el pan nuestro de cada día de miles de menores en la República Dominicana, que se convierten en el reflejo de una sociedad que les ha dado la espalda y hace replantear el compromiso del Estado con este sector, uno de los más vulnerables del país.

Así lo entienden representantes de los Derechos Humanos, quienes afirman que se hace necesario un acompañamiento por parte de las autoridades, para evitar que estos menores pululen en las calles, utilizados en algunos casos por sus propios padres y parientes, como sostén económico sus hogares.

El drama se refleja en las principales calles y avenidas del Gran Santo Domingo, aunque no es una realidad exclusiva de esta demarcación, ya que, a entender de expertos, se ha convertido en la cruda realidad de una sociedad cada vez más marginada y excluida.

Para el presidente de la Organización Internacional de los Derechos Humanos (OIDH), Alberto Díaz, esta situación vulnera los derechos fundamentales de los infantes, quienes en algunos casos, son utilizados para el trabajo forzoso, pese a que las leyes dominicanas lo prohíben.

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“El trabajo de las personas menores de 14 años, se encuentra prohibido en el Código de Trabajo, especialmente en el artículo 244, lógico, salvo excepción todo lo que tenga que ver con arte, cultura y la ciencia… (en definitiva), la explotación infantil está penada por la Ley”, indica Díaz.

En esa misma línea se circunscribe Francis Ciprían, representante de los Derechos Humanos en la provincia San Cristóbal y quien entiende que además del núcleo familiar, es el Estado que debe garantizar  los mecanismos necesarios para sacar a esos niños y niña de las calles, para evitar replicando y agudizando la crisis.

“La Procuraduría debería ser más dura con relación a la Ley 136-03, a través del departamento de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia, ya que tienen la facultad de perseguir a estos padres y dar cumplimiento a lo que establece la misma norma. Esos padres son los responsables de los daños que estos niños causan a otros”, sentencia.

Ambos dirigentes coinciden en que esa situación es la que ha dado al traste con episodios de violencia, como el que se viralizó la pasada semana, cuando un grupo de jóvenes lanzaron piedras contra miembros de la seguridad de un centro comercial en el Distrito Nacional, que terminó con un incidente en el que uno de los menores recibió un golpe en la cara.

Los representantes de los DD.HH. hacen hincapié en que la justicia debe ser más severa con los padres de los infantes que circulan en las calles pidiendo, haciendo desorden o delinquiendo, para así garantizar que se erradique la problemática por completo.

En ese sentido, Ciprián indica que “se debería buscar una solución a tiempo y que esos padres que tienen esos niños en las calles sean sometidos a la justicia y que Conani, como ente regulador de los niños, niñas y adolescentes también aporten su granito de arena”.

“Es necesario que a esos padres se les garantice un buen trabajo y a las madres la condiciones para poder atender esos hijos, enviándolos a la escuela, vigilar que no caigan en el abuso y consumo de sustancias contraladas, alcohol, etcétera, ya que esto arroja a estos menores a tener que buscar una brecha para poder producir sea limpiando vidrio, limpiando zapato, pidiendo inclusive”, indica Díaz.

Pero el problema resulta aún más complejo, debido a la multiplicidad de factores, que no erradicaría el problema aun sacando a todos esto niños de las calles, si no se trabaja en la raíz, que básicamente se traduce en educación y control de los padres, en busca de sacar a los miles de niños de las calles y quitárselos a las garras de la criminalidad.