Yo iba pá la Vega y pasé por Bonao, a mí me dieron agua en un jarro pichao”. Desde 1930 a 1961 el país se encontraba dirigido por una férrea y sangrienta dictadura dirigida por Rafael Leónidas Trujillo y su familia. En esos 30 años de dictadura fueron cientos de miles de mujeres, niñas y adolescentes las que fueron violadas sexualmente por el tirano, su familia y secuaces.

El merengue “Jarro Pichao” solo cuenta lo que ocurrió en Bonao, donde el hermano del dictador, José Arismendy Trujllo Molina (“Petán”) abusó sexualmente de muchas niñas, adolescentes y mujeres. Esto se extendía a muchas provincias, municipios y campos del país. Existía una red de “maipiolos” y “maipiolas” que implementaban estrategias de coerción, represión y chantaje a las familias para que entregaran a sus niñas, adolescentes y jóvenes al dictador y su círculo de poder. Celebraciones de concursos de belleza, fiestas y otras actividades acompañaban este sistema de cooptación y secuestro para ejecución de los abusos sexuales.

El abordaje integraba la culpabilización de las víctimas y sus familias o su “halago” por ser “las elegidas” de Trujillo, ocultándose así el sistema violento y de perversión que sustentaba estas prácticas. Muchas familias cobraron con su vida o el exilio la resistencia a las mismas.

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Las violaciones sexuales hacia niñas, adolescentes y mujeres normalizadas históricamente desde el Estado y la cúpula de poder marcaron profundamente esta sociedad. Su presencia en distintos estamentos políticos y de poder local continúa. Varios legisladores, exlegisladores, alcaldes, regidores, dirigentes políticos, funcionarios y exfuncionarios reproducen este ejercicio criminal contra la población infantil y adolescente en muchas comunidades.

Los agresores sexuales no se reducen a este grupo, se le agregan sus padres, padrastros, tíos, hermanos, familiares, vecinos, religiosos, sacerdotes protegidos por la corrupción e impunidad.

Varios factores influyen en el ocultamiento e invisibilidad del abuso sexual como son:

Poca conciencia de derechos en niños, niñas y adolescentes; ausencia de orientación y educación en prevención del acoso y la violación sexual desde el sistema educativo y las familias; aprendizaje del miedo hacia figuras de autoridad y poder; establecimiento de relaciones de confianza mediadas por permisividad en el manejo del cuerpo por familiares y personas adultas hacia niños, niñas y adolescentes.

Ausencia de educación sexual en los centros educativos y el contexto social.

La erradicación del abuso sexual debe convertirse en una prioridad en las políticas sociales dirigidas a la infancia, adolescencia, juventud y de género.

Se necesita empoderar a la niñez, adolescencia y mujeres sobre sus derechos sexuales y reproductivos y sobre su cuerpo. Romper el silencio y la impunidad debe ser el primer paso.