Comparto con ustedes el criterio de que el llamado del presidente Abinader para consensuar múltiples reformas trascendentes, merecería tener como emblema el título de la obra del laureado Marcel Proust: “En busca del tiempo perdido” , cuyo último tomo es “El tiempo recobrado”.

Ustedes debatirán, con sabiduría y espíritu solidario la esencia de las reformas, cómo se aplicarán y quiénes cosecharán preferentemente sus beneficios. Todo eso es necesario, pero no es suficiente.

Las reformas serán fructíferas a corto plazo si se actúa con presteza, sin tácticas dilatorias, como alguna vez ocurrió en el pasado, bajo la coartada de supuestamente no querer festinar el análisis y aprobación de valiosas iniciativas, que debieron ser inaplazables.

El proyecto de la Ley de Aguas se debatió, pero no se aprobó, durante cuatro cuatrienios gubernamentales completos, desde 2004 hasta 2020. Además estuvo pendiente de aprobación terminando el período 2000-2004 en que fue elaborado. Esperemos que, por fin, en el presente cuatrienio culmine felizmente su aprobación. El

obstruccionismo parlamentario que los americanos denominan “filibuster” ha mantenido esta ley en el limbo durante seis ejercicios gubernamentales, totales o parciales.

Consensos amplios, armónicos y expeditos en el CES favorecerían la evaluación y aprobación congresual de esa ley sin retrasos adicionales, sabiendo que las decisiones del CES no son vinculantes desde el punto de vista jurídico y que los senadores y diputados la evaluarán y votarán ejerciendo su derecho constitucional libérrimo, independiente, sin ataduras.
Con la vigilancia de la ciudadanía, ya empoderada, quedarían estigmatizadas las agrupaciones y personas que aprobaren en el CES iniciativas específicas y que luego las rechazaren en los debates del Poder Legislativo.

El “Compromiso Nacional para el Pacto por el Agua 2021-2036” sometido al CES, fue estructurado bajo la jurisdicción del MEPYD por el Gabinete del Agua, considerado “súmmum” de la inteligencia hídrica estatal. Sobre ese documento básico observamos estos detalles cronológicos: El Anexo I “Cronograma de Acciones Pacto del Agua” plantea en el renglón 5.1 de la Pág.27 que la “Reforma y evaluación del proyecto de Ley de Aguas/APS”, que incluiría Agua Potable y Saneamiento, comenzaría en el segundo trimestre del 2021 y culminaría en el 4to. trimestre del 2022. Asimismo, el renglón 5.2 señala que la “Discusión sector agua/consulta pública” comenzaría en el segundo trimestre del 2021 culminando en el segundo trimestre del 2022.Según el renglón 5.3 ,en ese momento se haría la “Entrega al Congreso Nacional” para que la aprobación congresual culmine en el 4to. trimestre del 2022, finalizando el próximo año.

Bajo esa tesitura, el gobierno actual sólo dispondría de menos de un año y medio, antes de las elecciones del 2024, para iniciar y construir proyectos cuya ejecución tuviere como prerrequisito la vigencia de la Ley de Aguas/APS, como pudieran ser Alianzas Público-Privadas para acueductos y alcantarillados.

“El agua es vida” y no hay tiempo que perder .Con esa consigna se reevaluaría el cronograma de la ruta crítica del consenso del CES y el plazo previsto, no imperativo, para la subsecuente aprobación congresual de la Ley de Aguas. Además, mientras se dialogue y se articulen consensos se ejecutarían proyectos estatales que no deben posponerse , sin dejar de lado que también resultaría imprescindible ir diseñando, en forma concurrente , simultánea, proyectos que necesitaren la preaprobación de la Ley de Aguas, para de esa forma poder iniciar su ejecución tan pronto se apruebe y entre en vigencia dicha Ley.

El proyecto de Ley de Aguas lleva cuatro cuatrienios completos

Estuvo pendiente de aprobación terminando el período 2000-2004

Las reformas serán fructíferas a corto plazo si se actúa con presteza