VI
Cambios en el liderazgo político y reforma del Estado (1996-2004). En 1990, cuando el PRSC ganó con fraudes, Bosch manifestó deterioro mental y Peña Gómez que, aun con el PRD dividido acercó su votación a los viejos caudillos, y las encuestas lo señalaban ganador para 1994. Entre 1998 y 2002 los tres desaparecieron, pero desde 1996 no figuraron en la gran política.
Yo organicé el Departamento Electoral a mi cargo la “Oficina Técnica de Trabajo Electoral” (OTTE); con comandos electorales para cada colegio y recinto electoral, que por lo pronto detuvo la expedición de cédulas falsas.
En mayo del 1994 se produjo un fraude masivo, con la exclusión de unos 20 perredeístas conocidos de cada padrón electoral; pero la OTTE los recuperó y documentó. Así se logró imponerle a Balaguer una reforma constitucional que prohibió la reelección consecutiva, estableció la autonomía de la judicatura, la separación de las elecciones presidenciales de las legislativas y municipales, y la doble nacionalidad de los dominicanos en el exterior, para integrarlos mejor en esas sociedades.
Leonel Fernández y el PLD llegaron al poder en 1996, fruto del “Pacto Patriótico” contra Peña Gómez, que inició a un proceso de recomposición de fuerzas, que permitió el apoyo al PLD y el crecimiento del PRD. Que en las elecciones legislativas y municipales del 1998 resultó el gran ganador, con más del 52 % de los votos, la mayoría de cargos en ambas cámaras y la mayor parte de los ayuntamientos.
La primera administración de Leonel Fernández se distinguió por algunos esfuerzos de modernización administrativa; la realización de múltiples “estudios” nunca terminados sobre la reforma del Estado, la invitación al país de varias personalidades internacionales, un aumento notable en la burocracia; y la instauración de “un Programa de Empleo Mínimo” (PEME) como forma de acallar las protestas populares y huelgas que no se hicieron esperar. (Pagar o pegar). Su gobierno terminó en el año 2000 en medio del descredito general, aunque el PLD quedó valorado como un partido organizado.
El Gobierno de Hipólito Mejía (2000-2004). El Presidente Mejía inició su mandato con un equipo en el que predominaron los altos dirigentes del PRD, colaboradores de su campaña electoral y de su gestión en Agricultura en el gobierno de Antonio Guzmán.
Yo fui designado Comisionado para la Reforma y Modernización del Estado, que poco después se convertiría en el Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE), con rango de Secretaría de Estado, cargo en el que desplegué grandes esfuerzos y entusiasmo a impulsar un amplio programa de reformas, con poco apoyo político .
Mi primera preocupación fue impulsar un anteproyecto de reforma constitucional capaz de recoger las principales aspiraciones de la población y permitiera al desarrollo democrático de la sociedad dominicana.
El Poder Ejecutivo designó por decreto una Comisión Especial integrada por representantes de los partidos políticos, universidades, iglesias, representantes de los gremios y del empresariado, que tras 3 meses de trabajos confirmó más del 95% de las propuestas del CONARE.

Reforma macroestructural del Poder Ejecutivo. Preparamos un Proyecto de restructuración de todas las instituciones de ese poder, con vistas a eliminar duplicaciones y contradicciones que redujeran la ineficiencia, y la corrupción en la gerencia pública, en dos etapas fundamentales.
En la primera etapa las 184 instituciones principales del gobierno central se coordinaron en virtud de un decreto en torno a tres gabinetes de Estado: el Institucional, el Económico y el Social, que lograron integrarse en forma independiente; y en la segunda etapa, que no llegó a cumplirse, todas las Secretarías de Estado, direcciones generales, institutos y comisiones de alto nivel se integrarían en solo 10 Ministerios, encabezados por el organismo o directivo más relevante, distinguiéndose éstos en que los primeros establecerían las políticas públicas por vía de esos tres gabinetes; en tanto que las secretarías de Estado, los institutos y otras dependencias mayores tendrían a su cargo la ejecución de esas políticas con considerable autonomía, aunque con supervisión de alto nivel. Los ministerios propuestos fueron: Presidencia, Interior y justicia, Relaciones Exteriores, Defensa, Economía, Agropecuaria, Obras Públicas y Comunicaciones, Educación y Cultura, Salud y Bienestar Social,

Reformas en la Administración Pública. Las funciones de esta importante área de trabajo del CONARE se orientaron a canalizar la construcción de una nueva burocracia, con gerentes y servidores públicos capaces de analizar, diseñar y dirigir las políticas de las entidades públicas, en favor de los ciudadanos. Para esos fines se establecieron la Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y la de carrera administrativa.
También propusimos la creación de una Superintendencia de Transporte y Tránsito Terrestre, con la modificación de la Ley de Tránsito No. 241, que llegó al Senado de la República 15 años antes del flamante Instituto que por fin se aprobó (INTRANT).
Se propuso la Reorganización de la Policía Nacional y fue aprobado que el titular fuera denominado Director, reducir drásticamente sus grados superiores y convertir a los agentes en oficiales, con salarios y tratamiento como tales; así como estaciones policiales, dotadas de medios de comunicación modernos; un departamento de Asuntos Internos independiente, y un Consejo Superior Policial no controlado por el Director.
Esas recomendaciones fueron acogidas en principio por el presidente y la Cámara de Diputados, pero las presiones de la plana mayor policial terminaron por detener esas reformas.

La Descentralización Político-Administrativa del Estado. Con la Ley 163-01 que impulsamos, se municipalizó el antiguo Distrito Nacional y se creó la provincia de Santo Domingo, con sus municipios, que obligó a los representantes de las nuevas demarcaciones a preocuparse de manera más responsable por los problemas de los ciudadanos de sus comunidades.
Además, se prepararon varios proyectos que revolucionarían la vida municipal, los cuales implicaban tanto la transferencia de atribuciones y funciones que realmente deben asumir los municipios, como partícipes en los procesos de desarrollo local, rompiendo así el paradigma del Estado ultracentralizado y obstructor del desarrollo interno del territorio.
Igualmente recomendamos la regionalización de la Liga Municipal Dominicana, para que pudiera cumplir las funciones de planeamiento urbano, asesoría técnica, financiera y de formación profesional de las municipalidades pequeñas.
En el 2003 se aumentaron las transferencias del gobierno central a los municipios del 2 al 6% de los ingresos corrientes. La Ley 166-03, las elevó a un 8% para el 2004 y hasta un 10% desde el 2005. Ahora está reducido a menos del 3%.
La regionalización que propusimos debía fortalecer las ciudades intermedias, y evitar la hiperconcentración de la población, la industria y los servicios en torno al Gran Santo Domingo y Santiago, potenciando los esfuerzos del gobierno nacional a través de la desconcentración regional del Poder Ejecutivo y el fortalecimiento de los gobiernos municipales.
Mediante el decreto 710-04 del Presidente Mejía, se dio curso a la regionalización del país, de acuerdo a la cual se definieron como macrorregiones las tres grandes demarcaciones tradicionales: Norte, Sur y Este, Dentro de éstas se establecieron 10 regiones de desarrollo.
Así, en la Macrorregión Norte quedaron las regiones de Cibao Norte, Cibao Sur, Cibao Nordeste y Cibao Noroeste. en la Macrorregión Sur las regiones Valdesia, Del Valle y Enriquillo; y en la Macrorregión Este las Regiones Yuma, Higuamo, y Metropolitana.
También se distinguieron tres Ejes Regionales Norte-Sur, con territorios análogos útiles para la planificación del desarrollo territorial: el Eje Central, donde se concentra la mayor parte de la riqueza y la población; el Eje Oriental, en franco desarrollo y Eje Occidental, más subdesarrollado.
De la victoria electoral del 2002 a la derrota del 2004. El 16 de mayo del 2002 se celebraron en el país elecciones congresuales y municipales. En que se ratificó el triunfo del PRD, que conquistó 28 de las 32 senadurías. También en 73 de las 178 diputaciones, y en la mayoría de los municipios del país, con las notables excepciones del Distrito Nacional, ya reducido y del municipio de Santiago.
Estos resultados dieron paso a una campaña alentada desde el gobierno para modificar la Constitución de la República, a fin de permitir la reelección presidencial de Hipólito Mejía por un segundo período consecutivo. La campaña reeleccionista se materializó gracias al apoyo “inesperado” de 12 legisladores peledeistas. Entre las disidencias se destacaron Hatuey De Camps, presidente, y el autor de estas memorias. Hatuey renunció para formar el PRSD y yo, puse mi cargo a disposición del Presidente y lo exhorté públicamente a que relanzara su gobierno con nuevas figuras y aproveché para terminar los proyectos de reformas que había emprendido.
Desde el 2003 se comenzó a sentir una presión inflacionaria, que hizo crisis debido al desvío de depósitos y divisas al exterior por el Banco Intercontinental (BANINTER) de Ramón Báez Figueroa, que cayó en la insolvencia luego de obtener del gobierno diversos “redescuentos” y plazos, así como otros dos bancos, todo lo cual provocó la baja en el valor del peso dominicano de RD$ 17 a RD$55 por dólar, con la correspondiente alza en los precios.
El liderazgo perredeista fue derivando hacia actividades grupales y personales abandonando en la práctica las causas populares más sentidas y los valores que nos identificaban como partido, tales como la no reelección y reformas de políticas públicas que garantizaran una mayor democracia económica y social. Ese proceso permitió la rehabilitación política de Leonel Fernández y del PLD. De manera que el 16 de mayo éstos ganaron las elecciones por amplio margen, y Fernández se juramentó nuevamente como Presidente.
El resto de estas memorias corresponde al período 2004-2020, que todavía no son historia, por lo cual las publicaré posteriormente.