La última barrabasada en el ambiente político es que los legisladores dominicanos temen a las iglesias porque tumban gobiernos y truncan carreras electorales. El tema viene a colación por la observación del presidente Danilo Medina al Código Penal sobre la interrupción del embarazo en casos de riesgo de salud para la madre, incesto o violación sexual, y deformaciones incompatibles con la vida.

Toca ahora al Congreso acoger o rechazar las observaciones, y para eludir responsabilidades, anuncian catástrofes políticas patrocinadas por las iglesias si no se hace lo que ellas quieren. ¡Increíble!

Recientemente se cumplieron 40 años de la celebración de 7 Días con el Pueblo y los recordatorios han sido más artísticos que políticos; sin embargo, el significado especial de aquel evento fue: resistencia a la opresión, no al miedo, libertad ya.

Cabe entonces preguntar: ¿cómo se diluyó la energía transformadora de esta generación que ahora gobierna?

La República Dominicana hubiese podido avanzar mucho en estos últimos 40 años, pero el PLD y el PRD se han dedicado a aunar esfuerzos con los sectores más retrógrados. Por eso, por ejemplo, este país es de los pocos en América Latina y el mundo donde todavía es ilegal realizar cualquier tipo de aborto, incluidos aquellos necesarios para salvar la vida de la madre.

Que las jerarquías de la iglesia católica y las evangélicas se opongan a todo tipo de aborto no es excusa para que los legisladores no legislen a favor de toda la ciudadanía.

En Argentina, durante el gobierno de Cristina Fernández, se aprobó el matrimonio igualitario. En el momento de discusión, el cardenal de Buenos Aires era Jorge Mario Bergoglio, quien se opuso. Pero el Congreso argentino lo aprobó y la iglesia no derrocó el gobierno. Tampoco Bergoglio pasó a peor vida. Por el contrario, fue electo Papa y ahora es Francisco. La lección de esa experiencia es que la oposición de las iglesias a los asuntos eminentemente civiles no puede determinar el contenido de las leyes en sociedades democráticas, y las iglesias no derrocan gobiernos a su libre albedrío, muchos menos hoy en día que hay menos analfabetos.

Acoger las atinadas observaciones del presidente Danilo Medina al Código Penal es lo sensato desde el punto de vista humano y social.

Las razones atañen directamente al derecho de las mujeres a la integridad física y emocional. Es un acto criminal dejar morir una mujer embarazada en una crisis médica porque es ilegal el aborto. Es cruel obligar una mujer a concluir un embarazo producto de una horripilante violación sexual criminal.

Una mujer embarazada puede optar por morir si sus creencias religiosas así lo establecen, no porque lo imponga una ley civil. Y claro, una mujer puede decidir tener un hijo producto de una violación sexual si así lo establece su religión, pero no porque la ley la obligue.

Una diferencia fundamental entre las leyes religiosas y civiles es que las religiosas pueden invocar el sacrificio hasta con la muerte (ahí están como testigos los fundamentalistas religiosos que matan y mueren en nombre de una misión divina). Por el contrario, las leyes civiles en una democracia buscan maximizar las garantías de vida y libertad.

Cuando una vida en gestación se coloca por encima de la vida y salud de la madre, se está invocando el posible sacrificio mortal de la mujer. Ese martirologio puede dictarlo una religión a sus seguidores, no el Estado democrático en un Código Penal que será aplicado a todos.

Señores congresistas: legislen con sensatez a favor de los derechos de toda la ciudadanía. Para eso, y sólo para eso, fueron elegidos.