“Cuánta impotencia ver un gobierno de ricos y para los ricos, que no le importa el destino de los habitantes fronterizos; ahora quieren eliminar los medios de subsistencia de quienes viven en la frontera”.
El senador peledeísta Yván Lorenzo, que no le deja pasar una al gobierno, arremetió contra el director de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, por haber declarado en una entrevista radial que la importación de ropa de pacas es uno de los dolores de cabeza de esa dependencia, al tiempo que constituye una amenaza para el comercio formal y un eventual problema de salud pública, razón por la cual su comercialización se está eliminando en todas partes del mundo.
Nada que no sea cierto, pues la ley que prohíbe la comercialización de ropa usada data del 1973, con tan solo dos excepciones; cuando el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación permite a un empresario de parques industriales la posibilidad de importar ropa usada para utilizarla como insumo para transformarla, o cuando es por medio del incentivo que otorga la ley 28-01 que crea una Zona Especial de Desarrollo que permite importarla a las empresas que se instalen en las provincias limítrofes con Haití.
También es verdad que dirigentes comerciales han presionado, en distintos momentos desde el 1973 para acá, para que se haga cumplir la ley que prohíbe su venta sin ningún éxito hasta ahora, y no parece que sea este gobierno el que tome una decisión de esa naturaleza y en tiempos de pandemia.
Por eso no era necesario que el Director de Aduanas se retractara como consecuencia de la reacción del senador de Elías Piña y el rechazo de los comerciantes de pacas y sus clientes, como si hubiera cometido algún desliz o dicho algo impropio que no se corresponde con la realidad.
Pero después que lo hizo, solo queda lamentar que el gobierno se siga mostrando tan temeroso del qué dirán de las redes sociales, tan veleidosas como manipulables.