Varias organizaciones de migrantes expresaron este jueves su preocupación por la reciente expansión en Florida (EE.UU.) de un programa para la reubicación de indocumentados que puede dar pie a detenciones motivadas por el perfil racial en este estado y el resto del país.

La ley SB 6B, que tras su aprobación en el Legislativo floridano fue firmada el miércoles por su promotor, el gobernador Ron DeSantis, permite el traslado de inmigrantes que no necesariamente estén en Florida a otras partes del país, como ocurrió cuando en septiembre pasado envió a casi 50 indocumentados desde Texas hasta Massachusetts.

El texto firmado por el gobernador republicano, que fue aprobado el viernes por la Legislatura estatal durante una sesión especial, establece un fondo de 10 millones de dólares e incluye categorías que, de acuerdo con los activistas, no existen en el marco legal migratorio, como es el caso de “extranjeros no autorizados inspeccionados”, una categoría que podría abarcar a muchas personas.

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“No hay una definición real de esa categoría y suscita dudas sobre la posible aplicación de perfil racial en todo Estados Unidos”, dijo este jueves durante una teleconferencia la abogada Shalyn Fluharty, directora ejecutiva de la organización Americans for Immigrant Justice.

De acuerdo con Fluharty, la norma suscita un conflicto directo con leyes federales de inmigración y puede suponer una atribución excesiva de Florida respecto a otras leyes estatales en esa materia.

Para la directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de Florida, Tessa Petit, la norma permitirá a la División de Manejo de Emergencias de Florida (DEM, en inglés) y a las fuerzas de seguridad estatales “cazar y apuntar a inmigrantes en cualquier lugar de Estados Unidos”, sin importar sin son menores o familias.

Sobre la posible extrapolación de esta norma a otros estados, Petit señaló que eso dependerá del grado de bienvenida que éstos tengan hacia los inmigrantes.

“Este programa de transporte de extranjeros es cruel e inhumano, y abre la puerta al uso de perfiles raciales”, dijo, por su parte, Luis Sousa-Lazaballet, de la organización Hope CommUnity Center, quien pidió a la comunidad hispana de EE.UU. no caer en “la trampa de la división».

“Hay que mantenernos unidos, todos tenemos derecho a perseguir el sueño americano y nuestra libertad”, aseveró, tras resaltar que organizaciones como la que representa conocen de primera mano “los impactos de las políticas que crean miedo en la comunidad inmigrante».

Paul Namphy, de Family Action Network Movement (FANM), y el monseñor J. Fritz Bazin, de la arquidiócesis episcopal en el barrio de Little Haití, en Miami, expresaron también su preocupación por el efecto de esta nueva normativa entre los haitianos, cubanos y centroamericanos que continuarán llegando a Florida, y prometieron dar la batalla legal.

“Eres bienvenido aquí en Florida y tienes derecho a estar aquí”, dijo Namphy, dirigiéndose a los futuros solicitantes de asilo durante la teleconferencia organizada por la campaña “Welcome With Dignity».

Esta nueva ley ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones proinmigrantes y del Partido Demócrata de Florida, que la han calificado de “juego político” y parte de una estrategia de DeSantis para apuntalar su figura a nivel nacional entre los republicanos con miras a una posible aspiración presidencial.

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El programa tiene su antecedente en el traslado aéreo en septiembre pasado de medio centenar de inmigrantes, la mayoría venezolanos que habían cruzado desde México para solicitar asilo en EE.UU., desde San Antonio (Texas) hasta Martha’s Vineyard, en Massachusetts, a bordo de un avión fletado por la Administración de DeSantis.

Aquel trayecto generó una gran polémica y demandas judiciales contra DeSantis y el estado de Florida, pues los inmigrantes no estaban en ese territorio y además presuntamente fueron inducidos a abordar el vuelo con promesas engañosas.