Por Diego M. Raus

Hay ciertos detalles en política que tienen un gran impacto. Así se puede entender, y analizar, la aparición que hizo el domingo 15 de septiembre a las 21 horas el presidente Milei para presentar en el Congreso el Presupuesto Nacional 2025.

En la Argentina el gobierno en funciones presenta el presupuesto del año siguiente a finales de septiembre a fin de que se discuta en su totalidad en el Congreso. Luego este organismo, tras enmiendas, cambios y agregados, lo tiene que aprobar, ya que es Ley Nacional, por lo que no se puede alterar cuando se ponga en funcionamiento.

El domingo hubo dos novedades en este acto político tradicional y rutinario: el día y hora de su presentación por cadena oficial, y el hecho de que lo presentara el presidente cuando lo normal, en cuanto acto económico, es que lo presentara el ministro de Economía.

El presidente señaló al comienzo del acto la razón por la cual lo presentaba él y no su ministro. En esa razón se encuentra tanto el núcleo de la cuestión como el problema: el presidente anunciaba que en ese presupuesto va a residir la estrategia innegociable de su gobierno, a la vez que agregaba que esa estrategia cambiaba 120 años de historia económica y política de la Argentina.

La estrategia es el déficit fiscal cero. El objetivo es privilegiar absolutamente el pago de deudas. El instrumento es un superávit fiscal primario que garantice ese pago de deudas. El costo es que cualquier otro tipo de gasto público está condicionado por esa estrategia.

Traducido a la vida cotidiana, es decir, condiciones y expectativas de vida de la población, quiere decir, y el presidente así lo aclaró para que no quepan dudas (después no digan que no les avisé), que toda erogación estatal va a estar supeditada a que haya fondos fiscales luego de reservar lo necesario para el pago de deudas. Da igual que sea inversión pública, salud, educación, ciencia y tecnología, programas sociales para la pobreza, seguridad o sistema previsional. La ecuación es simple: si el estado tiene recursos luego de pagar deudas, habrá políticas públicas. Si los recursos disminuyen, disminuirán en idéntica proporción esas políticas.

En una economía que hasta estas alturas del año registra un 94 % de inflación anual, con caída abrupta de los salarios públicos, con casi un 55 % de la población bajo la línea de pobreza y un 20 % bajo la línea de indigencia, con el gasto en educación, ciencia y tecnología achicado a límites mínimos, con regiones del país pauperizadas, proponer una profundización del ajuste económico suena hasta casi irreal. A la vez, el presidente exigió a las gobernaciones provinciales un recorte de gastos para 2025 por 60.000 millones de dólares, cuando hay provincias que ya no pueden sostener mínimas prestaciones en salud y educación.

El canon libertario (economía austríaca) pregona la retirada del estado, sobre todo económica, y el pase de toda necesidad social al mercado. En el extremo de ese planteo, toda política impositiva —es decir, recursos para el gasto público— es moralmente violatoria de la propiedad de las personas. Dijo este domingo el presidente que si la economía creciera no se aumentaría el gasto público sino que se recortarían impuestos. Obviamente, sin mencionarlo, a las empresas y grandes patrimonios.

Alguien escribió que la política es el arte de lo imposible. No sabemos si esa frase es poesía o una realidad de tiempos históricos pretéritos. Hoy día, en cualquier país del mundo, la política es apenas el arte de hacer mínimas cosas si existe un contexto de posibilidad que permita implementarlas.

La propuesta de Milei, encorsetada en el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2025 pero entendida como instrumento de una estrategia política de ajuste por shock, es una política de lo imposible. En el estado socieconómico de la Argentina, proponer un achicamiento de los servicios públicos esenciales asoma como una provocación que solo puede desencadenar un ciclo de protestas y conflictos sociales de altísima intensidad.