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Al reiniciar la audiencia preliminar del caso Odebrecht, luego de que fuera rechazada la 7ma. recusación hecha el pasado 22 de abril al juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco y más de 40 incidentes ganados por el Ministerio Público, el mismo respondió todos los alegatos de los abogados de los encartados y concluyó pidiendo al tribunal que rechace las conclusiones de la defensa de los siete imputados de corrupción.
El representante del Ministerio Público, Wilson Camacho, durante sus planteamientos, dirigiéndose al juez Ortega, manifestó “que la corrupción es un cáncer que se adueña del cuerpo de este país y que si no se juega el rol que corresponde, podría hacer metástasis”.
Agregó en ese orden “Si no se juega el rol que corresponde nos quitará las esperanzas átomo por átomo, célula por célula, tejido por tejido, órganos por órganos, quedando al final un esqueleto como recuerdo de lo que fuimos, como recuerdo de la desesperanza, una muestra de irresponsabilidad histórica”.
La barra del Ministerio Público expresó que por la dinámica de las discusiones que se han presentado, la cantidad de horas que han necesitado la defensa, así como por la calidad y la cantidad de pruebas con que cuenta el Ministerio Público hacen evidente de que esto debe ir a un juicio de fondo, “porque para que haya justicia debe haber un juicio”.
El Ministerio Público en la continuación de la audiencia preliminar en la Suprema Corte de Justicia, respondió todos los alegatos de la defensa de los imputados Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, Porfirio Andrés Bautista García, Tommy Alberto Galán Grullón, Juan Roberto Rodríguez Hernández, y Jesús Antonio Vásquez Martínez.
Los encartados son acusados de incurrir en los delitos de sobornos, prevaricación, enriquecimiento ilícito, falsedad en escritura y lavado de activos, sancionados por la Ley No. 448-06 sobre Sobornos en el Comercio y la Inversión, el Código Penal Dominicano, la Ley No, 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico de Drogas y Sustancias Controladas, y la Ley No. 82-79 sobre Declaración Jurada de Patrimonio.
Reiteró durante la audiencia preliminar que los encartados cuentan con un patrimonio que no pueden justificar y recordó que cuentan con pruebas suficientes que demuestran los vínculos de éstos con los delitos que se les imputan, por lo que enfatizó en que “todos, absolutamente, todos, deben ir a juicio de fondo”.
