El Ministerio de Interior y Policía justificó ayer la restricción a la venta de bebidas alcohólicas a partir de las 12:00 de la noche indicando que la mayoría de los delitos se cometen entre la 1:00 y las 3:00 de la madrugada por personas que han tomado algún tipo de ron.

Sin embargo, el Colegio de Abogados (CARD) y la Fundación Primero Justicia (FPJ) afirman que la medida es inconstitucional y bajo esa premisa depositaron un recurso de amparo urgente en procura de que el Tribunal Superior Administrativo (TSA) suspenda la medida.

Lo que dice el MIP

Jesús (Chu) Vásquez dijo que ninguna medida se toma sin justificación, e indicó que “el horario que alimenta las cifras de delincuencia en Santo Domingo es el de 1 a 3 de la mañana”, conforme a estudios que hizo el MIP para tomar la medida.

El funcionario lamentó la resistencia que ha encontrado la disposición entre dueños de locales, músicos y otros exponentes del mercado nocturno del país, les pidió entender y coadyuvar con la misma afirmando que el objetivo del MIP “ es no perder la lucha contra la inseguridad ciudadana”.

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Medida no se justifica

No obstante, el gremio que agrupa a los abogados y la Fundación sostienen que la misma viola los derechos fundamentales de libertad al trabajo, la libre empresa, el libre tránsito, a la igualdad, a la legalidad de los actos públicos, consagrados en los artículos 6, 39, 40, 50, 62 y 139 de la Constitución.

“No es posible justificar ese despropósito sobre la base de la lucha contra la criminalidad, porque además desborda las potestades del propio MIP, entre cuyas facultades no está prohibir actividades recreativas y comerciales lícitas y mucho menos disponer el cierre de establecimientos comerciales, potestad que según afirma, sólo la ostentan los tribunales”, dijeron

Miguel Surun, presidente del CARD, dijo que de permitirse dicho abuso “estaríamos a las puertas del caos institucional donde cualquier ministerio o funcionario podría disponer medidas abusivas al margen de la ley en perjuicio de los ciudadanos”.