El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, aseguró que el Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, sobre Detenciones Arbitrarias, que pidió la libertad incondicional del exprocurador de la República, Jean Alain Rodríguez, es un foro político y no un órgano jurisdiccional.

El funcionario, que compartió su posioción junto a Yeni Berenice Reynoso, directora de Persecución de la Procuraduría, detalló que el Grupo de la ONU es un órgano que no fue creado por un tratado sino por una resolución del Consejo de Derechos Humanos, que fue establecido poruna resolución de la Asamblea General de la ONU. «No tiene capacidad alguna para emitir sentencia».

Dijo, además, que sólo existen tres tribunales con el atributo de emitir sentencias vinculantes, es decir
obligatorias, para los Estados que hayan ratificado el tratado mediante el cual fue establecida dicha
corte. Esos tratados a su vez determinan el mandato y competencia de esos tribunales.

Pero el Grupo «tampoco tiene, el Grupo de Trabajo, competencia alguna para ni siquiera emitir un dictamen, atributo que, si tiene el Comité de Derechos Humanos, dictamen que no es de cumplimiento
obligatorio por los Estados Parte en el tratado».

Álvarez calificó el comunicado que se publicó a favor del exprocurador como “un adefesio jurídico. “Documento para abogados y expertos en relaciones internacionales”, que han puesto a
circular los abogados del señor Jean Alain Rodríguez, el acusado, sobre este tema. Señores, este
escrito no puede siquiera ser considerado, como gusta decir a los abogados, un adefesio jurídico;
el documento trata de ser una manipulación de la naturaleza del Grupo de Trabajo y de las
características de su opinión, pero es tan burdo, que no pasa de hipérboles mal intencionadas
envueltas en una solemnidad fatua y pueril. Estamos seguros de que un buen profesor de derecho
lo hubiera reprobado».

En la comunicación, tanto el canciller como Berenice Reynoso, coincidieron que los jueces en el país son independientes, y que para poder jurídicamente cuestionar una decisión de los órganos de justicia, un imputado debe agotar primero todos los procesos internos, lo que no ha pasado en el caso en cuestión, por lo que esa opinión, constituye una grave intromisión que atenta contra la independencia del Poder Judicial de República Dominicana.

«Cuando se emiten declaraciones u opiniones infundadas como la de este Grupo de Trabajo, se
generan anticuerpos de rechazo a nivel nacional que hacen más ardua lograr la aceptación de la
labor del resto de las entidades que sí hacen un buen trabajo. Para eso también vamos al Consejo de Derechos Humanos, además de colaborar en el avance de los derechos humanos, vamos a alzar nuestra voz cuando ocurran situaciones anómalas que sean necesarias denunciar y corregir», concluyó el canciller.